La paralización de la actividad económica, social y cultural desde el pasado 14 de marzo ha obligado a la empresa gestora de la Tarraco Arena Plaça (TAP) a cerrar sine die la instalación y a aplicar, a consecuencia de la Covid-19, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la mitad de su plantilla de Tarragona.
Por ello, la administración provincial ha optado por suspender la concesión administrativa otorgada en 2013 a la Agència de Publicitat Internacional Catalana (APIC) y, ahora, negocia si la paralización de los plazos se alarga hasta que deje de estar en vigor el Estado de alarma o bien hasta cuándo el plan de desconfinamiento vuelva a permitir eventos masivos, según indica la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó (ERC) en declaraciones a este periódico.
«Un motor económico»
Paralelamente a las conversaciones abiertas entre corporación supracomarcal y empresa, los grupos provinciales de PSC y Ciutadans piden al ente del Passeig de Sant Antoni que no cobre el canon mensual a la gestora de la antigua plaza de toros hasta, como mínimo, 2021. Según los números facilitados por la propia firma, la adjudicataria abona cada treinta días 12.000 euros entre el canon de la concesión –que supone la mitad, unos 6.000 euros–, así como el mantenimiento, los costes energéticos y los permisos de vado.
«Es un espacio que es marca de ciudad y que nos da una gran proyección, es fundamental», indica el diputado provincial y exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), quien recuerda el estudio elaborado por la URV que cifra en unos 5,6 millones de euros el impacto económico anual que supone este emplazamiento. «Pido que se alargue un año más la concesión. Los gestores lo están haciendo muy bien», recalca el político, quien también pide que «no se haga pagar el canon hasta que puedan volver a organizar grandes eventos».
En la misma linea se expresa Rubén Viñuales (Cs), quien ve «lógico» que se haya suspendido el título habilitante para usar la TAP, que caduca en 2023 pero que, además, cuenta con dos posibles prórrogas de cinco años cada una. «Lo primero que queremos es que no se cobre nada a la empresa hasta que no pueda volver a explotar el equipamiento», afirma el representante de la formación naranja, quien también sería partidaria de que «aunque a finales de año pudieran organizarse eventos, la empresa no deba abonar el canon hasta el próximo año».
El edil tarraconense también considera que durante todo el tiempo en el que el sector del ocio no pueda volver a su actividad, «el plazo de la concesión no debería correr», por lo que optaría también por una ampliación del período de explotación.
Un millón de espectadores
La Tarraco Arena Plaça (TAP) se ha convertido en un motor económico de la Part Baixa después de la reforma que afrontó entre 2006 y 2012, y que comportó una inversión global de 27 millones de euros por parte de la Diputació en el edificio que fue inaugurado en 1883.
Tras siete años de actividad, a principios de este 2020 el recinto llegó al millón de espectadores, tras lograr su propio récord de asistentes en 2018, con 192.000, una cifra muy superior a los 21.700 de 2013 y los 133.000 de 2014. A final de 2018, la cifra de espectadores acumulada ya era de 865.525. En 2019 se sumaron 118.000, más los 21.000 que se llevaban este año.