La Agència Catalana del Consum ha abierto, entre los meses de enero y mayo de este año 2023, un total de 32 expedientes sancionadores a grandes tenedores –básicamente, bancos y fondos de inversión– por no ofrecer alquiler social a familias vulnerables y en riesgo de exclusión, algo a lo que están obligados por la Ley 24/2015, de 29 de julio, y por la 1/2022, de 3 de marzo, normas que fuerzan a los grandes tenedores de viviendas a ofrecer una alternativa social a las personas que acrediten una situación de pobreza según los criterios que la propia legislación vigente establece.
Manuel Sosa, abogado tarraconense, experto inmobiliario y administrador de fincas, explica que «en caso de que haya un impago, antes de efectuar un lanzamiento, el gran propietario ha de adjuntar necesariamente la documentación que acredita que ha efectuado una propuesta de alquiler social».
«Muchos pagan la multa, pero siguen negándose a hacer la oferta de alquiler», Fina Sánchez, portavoz de la PAH de Tarragona
A partir de este año, la Generalitat expone que ha incrementado su capacidad inspectora, fruto del programa específico impulsado en octubre de 2022 por el Departament d’Empresa i Treball. «La Agència ha contratado más trabajadores para realizar un seguimiento de los expedientes sancionadores», comenta Sosa.
Previamente a 2023, tan solo se habían iniciado quince, lo que deja un total de 47 sanciones abiertas por Consum desde febrero de 2019, que fue cuando se levantó la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015. De todas ellas, de momento, únicamente trece se han resuelto, con multas de hasta 30.000 euros por expediente, una cantidad que, sin embargo, puede incrementarse en el caso de que haya alguna agravante, como el hecho de que la empresa sancionada sea reincidente. Los municipios donde más procedimientos se han comenzado son Tarragona, con catorce; Cambrils, con siete; El Vendrell, con cinco, y Cunit y Reus, con cuatro, según datos facilitados por el Departament. En toda Catalunya, se han abierto 353 expedientes, un 509% más que en 2022.
«Por parte de la Generalitat, existe una predisposición, desde 2022 están trabajando en ello», comenta la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Reus, Sandra Casanova. «También es cierto que el importe de las multas es de risa», añade. Desde la PAH de Tarragona, su portavoz, Fina Sánchez, argumenta que «las empresas abonan la multa, pero siguen negándose a cumplir con la obligación de ofrecer alquileres sociales a los inquilinos».
«La Administración no construye las viviendas necesarias para ofrecer opciones más asequibles», Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas
Tal como expresa Sosa, «en España, un 0,3% de los propietarios son grandes tenedores, si bien son muchos miles de viviendas las que acumulan». Tanto Casanova como Sánchez exponen que, sistemáticamente, la mayoría no ofertan alternativas: «Van como quieren y hacen lo que les da la gana. Me genera mucha desconfianza: conmigo, como afectada por un gran tenedor, se cumplió la ley, pero no es así con otras compañeras, no entiendo por qué en unos casos sí y en otros no, más aún cuando acreditas tu vulnerabilidad», indica la portavoz de la PAH de la capital del Baix Camp.
Ante la emergencia habitacional, proliferan tanto las sanciones como las denuncias
Por su parte, desde la ciudad vecina, Sánchez apunta que «cada vez hay más denuncias; es el pez que se muerde la cola y sentimos impotencia porque sabemos que en Tarragona existen miles de viviendas vacías». «Hay algunos fondos que acaban cediendo, pero con otros, como Divarian, es misión imposible, se niegan», añade.
El problema del parque protegido
La oferta de vivienda social es ahora mismo limitada. En Tarragona, no se inició ningún piso protegido entre inicios de 2022 y marzo de 2023. De marzo a junio, últimos datos disponibles publicados por el Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge del Departament de Territori, sí que se han tramitado dos expedientes –uno de 48 viviendas en Reus y otro de 39 en Salou–. Por otra parte, en lo que llevamos de año, se han finalizado 45 pisos de protección oficial –22 en Reus, once en Valls, seis en Amposta y uno en l’Aldea, Camarles, Deltebre, Tortosa, La Ràpita y Tarragona–.
«Tendría que crearse un parque donde todo el mundo tuviera una fácil accesibilidad», Sandra Casanova, portavoz de la PAH de Reus
Sin embargo, los datos están lejos de los años bienestantes del ladrillo, cuando se iniciaban alrededor de mil anualmente y se terminaban entre 600 y 800. Bien es cierto que, durante esa época, también se construía más vivienda libre, con lo cual, el porcentaje de los pisos de VPO sobre el total era igualmente bajo.
«Las técnicas de Habitatge del Ayuntamiento de Reus hacen lo posible y lo imposible, están muy pendientes, pero es que no hay viviendas disponibles», argumenta Casanova. «Existen pisos, pero se caen a pedazos y no están en condiciones», añade. En la misma línea, Sánchez remarca que «falta presupuesto para rehabilitar estos inmuebles y poder ubicar a los hogares en riesgo de exclusión residencial». «Al final, estas familias se quedan sin respuesta porque las diferentes instituciones se pasan la pelota entre ellas».
Para la portavoz de la PAH de Reus, la solución sería «que se creara un parque de vivienda donde todo el mundo pudiera tener accesibilidad, ya que no se puede jugar con la estabilidad de las personas». En palabras de Sosa, «las instituciones no construyen las viviendas necesarias para ofrecer alternativas asequibles a toda la población». De igual forma piensan en la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV: «No debe delegarse una obligación de los poderes públicos en los propietarios», destaca su director, Héctor Simón. Para aumentar el parque, propone ofrecer «incentivos positivos» con el objetivo de que la parte pública y la privada lleguen a acuerdos.
«No debe delegarse a los propietarios una obligación que es de los poderes públicos», Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
Un camino legal
El Tribunal Constitucional calificó algunas de las medidas que obligan a los propietarios a ofrecer un alquiler social como «coactivas, no voluntarias y limitativas del derecho de propiedad». En esta línea, la Càtedra expone que «suponen una intromisión desproporcionada en las facultades de uso y disfrute que afectan al contenido esencial de derecho de propiedad».
Los expertos coinciden en que sería necesario una radiografía general del parque social de vivienda: cuántos pisos hay, quién los administra y cuántos serían necesarios para nutrir la demanda existente en la actualidad. De esta forma, la Administración podría tener un punto de partida para actuar.
La pregunta
¿Qué es un gran tenedor?
De acuerdo con la aplicación catalana de la nueva ley de vivienda, un gran tenedor es aquella persona, física o jurídica, que acumule cinco o más viviendas en propiedad.
El caso humano
«Te pagan para que te vayas, es una total humillación»
A Maribel Marín, de setenta años, Divarian, el fondo de inversión que gestiona la casa donde vive desde hace 22 años, le ofreció 11.000 euros para que abandonara el piso, ya que lleva años pagando un alquiler social que vence el próximo día 15 de noviembre y que, según explica, la empresa le ha notificado que no le renovará. Su informe de vulnerabilidad, al que ha tenido acceso el Diari, indica que se encuentra en riesgo de exclusión residencial y que le corresponde un precio de alquiler social que no supere el 18% de sus ingresos ponderados.
«Es una humillación», opina Sandra Casanova. «Lo que necesitan estas personas es pagar un alquiler acorde a sus posibilidades», añade.