La Síndica de Greuges ha cuestionado en una reciente resolución la actuación de Justicia sobre el preso que asesinó a Núria López, la cocinera del centro penitenciario de Mas d’Enric, y que posteriormente se suicidó.
La resolución cuestiona que el preso no se sometiera al programa de tratamiento penitenciario y concluye que «la administración penitenciaria actuó con cierta laxitud al permitir que el interno recuperara su puesto de trabajo en la cocina».
Según la Síndica, el recluso tenía acceso a la cocina a pesar de tener una sanción de once días de aislamiento pendiente de cumplir por haber agredido a otro interno.
Además, el asesino de la cocinera se había negado a seguir el Programa Individual de Tratamiento y otros programas de intervención. La Síndica apunta que debería haber realizado el curso específico de delitos violentos (DEVI), entre otros. El interno firmó la disconformidad para hacerlo, alegando que «había perdido al único amigo que tenía, no tenía a dónde ir, y cumpliría toda la condena trabajando para ahorrar algo de dinero».
Desde el 2020, la junta de tratamiento del centro penitenciario evaluó su evolución en 14 ocasiones, sin tener en cuenta los elementos derivados de su condena por asesinato, un factor que la Síndica considera clave para su reinserción.
Los derechos de los presos fueron vulnerados
La Síndica de Greuges también considera que las protestas que llevaron a cabo los funcionarios después del asesinato de Núria impidieron el correcto funcionamiento de los centros, ya que los bloqueos obstaculizaron el acceso de trabajadores, abogados y visitantes.
Estas protestas, que según la resolución no fueron comunicadas previamente, pusieron en «peligro» la convivencia en los centros y afectaron al traslado de presos y otras comunicaciones.
En este aspecto, la Síndica de Greuges avala la actuación de Justicia, señalando que se hizo todo lo posible para detener las protestas, aunque sin éxito.
Fuentes de Justicia subrayan que tras el asesinato, el CIRE comenzó a aplicar rápidamente medidas de seguridad diferentes y se han introducido cambios para ser más estrictos y prestar más atención al perfil del interno, el delito que lo ha llevado a cumplir condena y, en general, tener en cuenta variables que hasta ahora eran más complementarias y no tan centrales a la hora de realizar una valoración.
Finalmente, desde la Síndica afirman que la respuesta punitiva «no es la varita mágica que todo lo arregla sino que es una solución contraria al problema que se pretende enmendar». En este sentido, consideran que «una política pública basada únicamente en el código penal y en más prisión no funciona y es necesario enfocar precisamente el sistema penitenciario hacia la reinserción social que le asigna la Constitución y que coloque en el centro la reparación del daño a la víctima y la justicia restaurativa mediante alternativas a la prisión».
Paralelamente, señalan que el asesinato de Núria es un hecho «terrible, gravísimo y doloroso, que no debería haberse producido nunca» y que no tiene precedentes, ya que «es la primera vez que un trabajador penitenciario es asesinado por una persona presa en los 40 años desde la asunción de competencias en materia penitenciaria por parte de la Generalitat de Catalunya».