La nueva ley que regula los alquileres en 60 municipios catalanes, entre ellos Tarragona, entró en vigor el pasado 22 de septiembre. Después de su aprobación por parte del Parlament de Catalunya, la polémica normativa sigue presentando claroscuros y esto se produce en un momento en el que el Gobierno estatal también se plantea intervenir en este sentido.
Tras estas primeras semanas, los profesionales del sector apuntan que es «difícil» conocer las consecuencias que ha generado. A la falta de datos oficiales hay que sumarle el impacto de la Covid-19, que ha supuesto una disminución de la demanda. Sobre todo en cuanto a los pisos de estudiantes y a los trabajadores de empresas que podían trasladarse provisionalmente a la ciudad. «Noviembre está siendo un mes muy flojo», apunta Joan Boronat, responsable de la agencia Finques Boronat.
Este ha seguido al detalle el impacto de la ley sobre la ciudad. «Al principio el aplicativo no estaba preparado y había errores a la hora de la geocalización. Lo que te daba precios diferentes», dice. Poco a poco fue solucionándose. Pese a ello, aquí no acabaron los problemas. El índice de precios se calcula a partir de campos obligatorios como la dirección, los metros cuadrados útiles y el estado de conservación. «Si tiene unas vistas extraordinarias al mar, es un quinto sin ascensor o dispone de una plaza de parking no se tiene en cuenta y esto cambia mucho el valor», explica Boronat. El único margen de maniobra es cuando se cumplen un mínimo de tres requisitos, lo que permite jugar con un incremento adicional del 5%.
Esto genera incongruencias. Boronat explica un caso concreto a modo de ejemplo. El edificio de Rambla Nova número 61, encima de la tienda Mango, se rehabilitó para construir viviendas de alto standing. La renta que podían pedir los propietarios antes de la entrada en vigor de la ley alcanzaba los mil euros mensuales. «Si coges cualquier piso a 150 metros en las inmediaciones, como puede ser la calle Sant Francesc, que a lo mejor ni siquiera tiene ascensor, sale que el precio de referencia de la zona es de 500 euros y lo meten todo en el mismo saco», apunta Boronat.
La situación hace que algunos arrendatarios, para evitar caer en una ilegalidad, decidan sacar el piso del mercado o alquilarlo por periodos más cortos a la espera de lo que acabe pasando con la ley. Con todo, Boronat afirma que «cuando más arreglados más afectados se ven los propietarios. Lo que hace que todos aquellos que han invertido un dinero para ofrecer un buen producto ahora son los que se ven más perjudicados, lo que está fomentando que la gente no se gaste dinero en obras o en poner un ascensor», lamenta. Un aspecto sobre el que también insiste el gerente de la Cambra de la Propietat Urbana, Héctor Ruanas, quien afirma que «si la renta está limitada repercutirá en aquellos que tenían previsto hacer inversiones de mantenimiento, lo que significa que dentro de un tiempo el parque inmobiliario se verá afectado y habrá envejecido».
¿Se están sacando pisos del mercado? El vicepresidente y portavoz de los API en Tarragona, Hector Guasch, afirma rotundamente que «no». «No lo hemos detectado, pero sí que hemos visto que a raíz de la situación actual hay pisos turísticos que han vuelto al alquiler convencional», argumenta.
«Pequeños ajustes»
Según la Associació d’Agents Immobiliaris la aplicación de un índice referenciado en los precios «no ha supuesto cambios sustanciales». Guasch defiende que en el caso de la ciudad de Tarragona «los precios estaban estabilizados» y que los ajustes que han tenido que hacer algunos propietarios han sido «puntuales».
El portal Fotocasa recoge un análisis de los precios en las principales ciudades de Catalunya. Según este, los alquileres en Tarragona bajaron un 3,8% en el mes de octubre respecto a septiembre. Esta cifra es superior a la media catalana, que se sitúa en un 0,9%. En este estudio también puede verse como en la ciudad de Barcelona los alquileres cayeron un 7,3%. En este sentido se apunta que «la nueva regulación está teniendo cierto afecto». Aunque también se indica que el mercado del alquiler en la capital catalana ya lleva meses registrando caídas ya que «la oferta ha crecido sensiblemente en los últimos meses y, en cambio, la demanda está bajando en las principales urbes españolas».
De momento, lo que se ha puesto de manifiesto es una desaceleración en los nuevos contratos. En octubre se formalizaron 498 contrataciones, cuando en el mismo periodo del año pasado se alcanzaron los 543. Y en lo que va de año se ha pasado de 5.021 en los diez primeros meses de 2019 a 3.887 este ejercicio. Asimismo, se ha incrementado la solicitud de devoluciones de los depósitos. En el último la cifra fue de 331, cuando el año pasado había sido de 304. «Tiene mucho que ver con la falta de recursos y la crisis económica que está empujando a alguna gente a volver a casa de los padres o a tener que buscar otras soluciones porque no se pueden permitirse el alquiler», indica Ruanas.
Alquiler social
Esto demostraría que otro de los aspectos que no ha resuelto la entrada en vigor de la ley es el de la accesibilidad a la vivienda. «Sigue habiendo más demanda que oferta y aunque los precios hayan podido bajar no existen pisos por 300 ó 400 euros. Lo mínimo son de 450 a 500», afirma Héctor Guasch. El responsable de la Càtedra de l’Habitatge de la URV, Sergio Nasarre, ha estudiado atentamente lo que ha pasado en países como Alemania, que aplicó restricciones similares. «Aquí las medidas que se han impulsado son más duras. Sin embargo, no se ha demostrado de ninguna de las acciones que se aplicaron en Alemania hayan tenido una eficacia en cuanto a la asequibilidad de la vivienda», afirma.
Los expertos consultados aseguran que las personas con unos ingresos más bajos siguen teniendo dificultades. «Afrontar la situación de la gente que no tiene recursos y y, por tanto son más vulnerables, pasa por la creación de un parque social que no tenemos. Lo que no pueden pretender es que sean los propietarios los que cubran este vacío», indica Ruanas.
Mientras tanto, esta semana la Agència Catalana de l’Habitatge y la Agència Catalana de Consum advertían que empezarán a hacer inspecciones y a sancionar a los propietarios que no cumplan con la ley.