El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa) prácticamente agotará en las próximas semanas la partida de dos millones de euros para la compra de vivienda social que habilitó el Ayuntamiento con el remanente de los últimos dos presupuestos. La hucha quedará casi vacía después de las próximas visitas al notario con las que la presidenta de esta empresa pública, Eva Miguel, formalizará la compra de otros seis pisos que después ‘cederá’ a Serveis Socials para atender a los usuarios más vulnerables.
Estas seis viviendas pendientes de escriturar se incorporarán a una lista con otros 23 pisos que la concejalía de Habitatge –a través de Smhausa– ha comprado en los tiempos y que conforman el hueso de un incipiente parque público. De momento, este todavía presenta importantes «déficits», según reconoce la concejal. Pese a ello, los técnicos municipales siguen con interés cualquier procedimiento que se abra por la vía de tanteo y retracto para incrementar este stock público.
Durante este periodo, los técnicos de Smhausa se han interesado por la compra de 34 viviendas, que se han traducido en visitas a las inmuebles para comprobar si cumplían con los requisitos establecidos y si el precio se ajustaba a lo que podían pagar. Finalmente, se traducirán en una treintena de operaciones de compraventa, repartidas por los diferentes barrios de la ciudad, siendo la Part Baixa la zona donde esta cifra es más alta. En este ámbito se han comprado un total de diez viviendas. Este número tan alto se explica porque en este caso, el Ayuntamiento adquirió un edificio entero en la calle Smith en el que había siete pisos. De estos, tres estaban alquilados, uno ocupado ilegalmente y los otros tres vacíos. «Los ocupados se han regularizado y Smhausa pasa a ser el administrador de toda la finca», explica el gerente de esta empresa pública, Jordi Dies.
La compra de un edificio entero no es lo habitual en operaciones de estas características, ya que normalmente son pisos independientes procedentes de ejecuciones hipotecarias los que pueden comprarse por esta vía. Sin embargo, esto ha permitido actuar en varios problemas de una atacada, mientras se han rehabilitado un edificio entero en una de las zonas más degradadas.
Después de la Part Baixa, los barrios en los que se han comprado más pisos son Bonavista y Sant Pere i Sant Pau, con tres cada uno, mientras que en Sant Salvador y Eixample hay dos, más otro pendiente de escriturar en esta última zona. En Riu Clar, La Floresta y Torreforta hay un piso comprado por esta vía en cada uno de los barrios. En cuanto a las nuevas incorporaciones, además de uno a la zona centro entrarán otros dos en Torreforta y uno en la Part Alta.
Habitatge lamenta estar atado «de pies y manos» para dar respuesta a la emergencia habitacional
Miguel asegura que «intentamos repartir juego a la espera de poder desarrollar otras vías para que podamos tener un parque público de vivienda digno más allá del tanteo». Este mecanismo no es sencillo. La Agència Catalana de l’Habitatge lanza una notificación cuando hay un propietario que abre esta opción. La Generalitat tiene la preferencia de compra, seguida de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector. Cuando estas viviendas cumplen con unos parámetros de precio, metros cuadrados y estado de acuerdo con los requisitos que se han fijado se hace una visita, que permite hacer una valoración más ajustada de las obras que tendrán que hacerse y si la inversión que comportará es asumible. Tan solo los casos con un informe favorable acaban con una escritura de compraventa. Y es a partir de ahí, cuando ya han finalizado todos estos trámites y se han ejecutado las obras necesarias, cuando entra Serveis Socials y hace la asignación a un usuario con unas necesidades de emergencia habitacional. «A pesar de que hemos tenido una partida presupuestaria que nos ha permitido ampliar el parque de viviendas, el objetivo es que estas familias no se queden en la calle y el margen de maniobra que tenemos como Ayuntamiento es el que es», dice Miguel. La alta demanda no permite que estos pisos puedan entrar a la bolsa de mediación, que es una de las herramientas con que confía la administración local para incidir en el precio de los pisos de alquiler. «Esto sería el escenario ideal, pero de momento no estamos en esta situación», afirma Miguel.
El objetivo es que pueda haber rotación en estos pisos. Por este motivo, los usuarios de estas viviendas participarán en un programa de acompañamiento y emancipación con el objetivo de salir de esta situación de vulnerabilidad y que puedan independizarse, abriendo la puerta a la entrada de nuevas familias.
Este proceso de búsqueda de nuevas viviendas tendrá que interrumpirse porque ya se habrá agotado la partida disponible. Cuando acaben de cerrarse las últimas operaciones pendientes tendrá que hacerse un recuento total de los recursos disponibles, ya que la exención de los tributos públicos contempla un 100% de bonificación para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en estos casos y no se contaba con ello. No obstante, no se espera que estos recursos adicionales tengan una incidencia elevada. Y la preocupación se acentúa porque a partir del 31 de diciembre vence la moratoria que prohibe los desahucios. «Aunque todos sabemos que no se han parado sí que es verdad que no tenemos el alud descomunal sino que van entrando en cuentagotas, pero no sabemos qué puede pasar y aquí, como administración local, estamos atados de pies y manos», certifica Miguel.