En el bloque Sant Simó de Sant Pere i Sant Pau vive Margaret Sandoval junto a su madre y sus dos hijos, de cuatro y diez años. Es la primera familia que se ha trasladado a uno de los dieciséis pisos que ha comprado el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa) con la partida de 1,5 millones de euros que se habilitó el año pasado con el remanente del ejercicio anterior. «Estábamos en un piso de emergencia, porque no teníamos donde vivir», explica Sandoval.
Este es uno de los muchos casos que atiende Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona. «Al verme en una situación muy crítica, prácticamente en la calle, la asistenta habló con Habitatge y como ya teníamos un proceso abierto lo logramos», añade Sandoval. El Institut Municipal de Serveis Socials canaliza estas demandas que, en este caso, ha obtenido una respuesta favorable gracias al embrionario parque público de vivienda municipal. La situación era crítica, la hija estaba empezando a sufrir un trauma por la situación de inestabilidad y el miedo a quedarse en la calle. Unos momentos dolorosos que la familia relata con emoción, y que poco a poco van dejando atrás mientras siguen adaptándose a un nuevo hogar que les ha transformado la vida. «Al menos tenemos un techo donde vivir», concluye Sandoval.
Antes de la llegada de esta familia, este piso estaba vacío. Es uno de los muchos inmuebles, propiedad de un banco, que estaba tapiado tras un proceso de ejecución de hipoteca. Ahora, el Ayuntamiento, a través de Smhausa, lo ha comprado utilizando el derecho de tanteo y retracto. En estos casos, cuando se abre un proceso de compraventa, la Generalitat de Catalunya siempre tiene preferencia. Y, a partir de ahí, entran los ayuntamientos y entidades del tercer sector que buscan los mecanismos para dar una respuesta habitacional a todas aquellas familias que lo necesitan. El procedimiento no es fácil. «Muchas veces, en estos casos hay una falta de interlocución que dificulta que puedan solucionarse los problemas que acaban surgiendo en estas situaciones», indica Jordi Dies, gerente de Smhausa.
Los técnicos que se encargan de estos procesos aseguran que pueden encontrarse con muchas vicisitudes. Desde grandes tenedores que no tienen localizados los activos, a la falta de interés por deshacerse de estos. Y todo esto acaba complicando unos procedimientos que pueden dilatarse más de lo esperado. Con todo, desde que a finales del verano pasado Smhausa tuvo a su disposición esta partida de crédito ya se han firmado estos dieciséis contratos de compraventa.
El de Sant Pere i Sant Pau ha sido el primero en el que ya se ha realizado la entrega de llaves y el resto lo hará en los próximos meses. Tres de estos podrán ser ocupados muy pronto, dado que ya se han hecho las obras de reforma para que los futuros inquilinos se encuentren con un hogar cómodo y agradable. Los otros van más retrasados y todavía no se han iniciado las obras de rehabilitación para su puesta a punto.
En este caso en concreto, entre la adquisición del inmueble, los gastos derivados de la compraventa y la rehabilitación, el coste total ha sido de unos 50.000 euros. Es la cifra aproximada que busca ajustarse en cada una de las operaciones, para conseguir llegar al máximo de viviendas posibles con los fondos disponibles. Una pequeña parte de la inversión se recuperará con el alquiler, aunque no hay que olvidar que son pisos sociales y, por tanto, no son los precios de mercado, sino que se establecen a partir de la capacidad económica de la familia usuaria.
Fase inicial
Tras esta primera ronda de adquisiciones, Smhausa ya ha agotado más de la mitad de la consignación presupuestaria disponible. «El objetivo que nos habíamos marcado es que cuando conozcamos el remanente del ejercicio anterior podamos tener agotada la partida o si no comprometida de alguna forma y lo estamos cumpliendo», indica la presidenta de este organismo, Eva Miguel Gascón. Los técnicos de Smhausa tienen otras cinco viviendas pendientes de escriturar y han realizado otras doce visitas, que supondrán nuevas incorporaciones. Por lo que se calcula que, cuando finalice esta segunda ronda, prácticamente se habrá vaciado la caja.
La concejal de Habitatge defiende que «se ha iniciado una forma de trabajar y de hacer políticas de vivienda que no debe morir aquí». Cuando se conozcan las cifras del remanente del año pasado se intentará poder repetir de nuevo, ya que «consideramos que debe ser un objetivo por parte del Ayuntamiento porque es una necesidad flagrante que tenemos», añade.
Más allá de este parque público de emergencia, la adquisición de viviendas para crear un parque público es la medida que están tomando algunas de las principales capitales para ayudar a contener el precio de los pisos. Tarragona tiene un largo camino por recorrer. A finales de 2020 se adquirieron cinco pisos en Bonavista destinados a dicho efecto y hace unos días Smhausa visitaba cómo había quedado uno de los diecisiete inmuebles que la Fundació Hàbitat 3 cederá a la ciudad, para seguir aumentando también este parque público. «Es una de las pocas cosas que podemos hacer como administración local con nuestros recursos y esto debería ser un pacto a nivel de todo el arco plenario para que, sea quien sea el que lleve la concejalía de Habitatge, sea una prioridad», indica la concejal.
