El Ayuntamiento de Tarragona ha abierto un nuevo expediente sancionador a los propietarios de Ca l’Ardiaca. Este llega tras el enésimo intento, por parte de la administración local, de que Desarrollos Arbe SL se hiciera cargo de las actuaciones necesarias para garantizar la conservación y mantenimiento del antiguo palacete medieval del Pla de la Seu, un requerimiento al que se ha hecho caso omiso, a pesar de que las conversaciones recientes con la empresa apuntaban a un cambio de rumbo.
El expediente, que se abrió el pasado 29 de abril, pone de manifiesto el «incumplimiento» de las exigencias establecidas desde el Àrea de Territori para revertir la degradación del inmueble. Como consecuencia se ha fijado una primera sanción coercitiva, por valor de 2.000 euros, y se abre la puerta a una nueva multa, en este caso de 3.000 euros, «en caso de incumplimiento de las órdenes dadas desde el Ayuntamiento».
Los acontecimientos se precipitaron desde finales del pasado mes de enero, cuando se detectó el derrumbe de una parte del techo, generando problemas de filtraciones de aguas, humedades y la degradación avanzada de los elementos estructurales principales. Todo esto «ponía en riesgo la estabilidad del edificio», según un informe que avanzó el Diari, firmado por los arquitectos municipales.
Multa coercitiva
A raíz de este, el pasado 2 de febrero se resolvió declarar la emergencia y el Ayuntamiento cogía las riendas de la intervención que se ponía en marcha. En paralelo, la administración local requirió a la propiedad del edificio que «con carácter de urgencia» procediera al cumplimiento de las actuaciones necesarias para la revisión de los sistemas de apuntalamiento interiores y un análisis del estado de conservación y funcionamiento de la estructura envolvente del edificio. Asimismo, se exigió «la aplicación de medidas correctoras establecidas en un proyecto de rehabilitación, así como la solicitud en un plazo máximo de dos meses de la preceptiva licencia de obras».
Esta petición se comunicó a los propietarios del inmueble el pasado 15 de febrero y en la resolución ya se informaba de que en caso de incumplimiento del orden, «el Ayuntamiento podría disponer la ejecución subsidiaria a cargo de los interesados o la imposición de multas coercitivas que pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros», de acuerdo con el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Dos meses
La administración local dio un plazo de dos meses a la empresa para que presentara este proyecto de rehabilitación y solicitara la preceptiva licencia de obras, un plazo que expiró el pasado 20 de abril.
Además, en vistas a los informes técnicos emitidos a raíz de las actuaciones realizadas, el 19 de marzo se ordenó a los dueños del edificio que en un plazo de 72 horas procedieran a la adopción inmediata de las medidas indicadas en estos documentos, consistentes en la «designación de un director facultativo que asumiera de forma emergente y urgente las obligaciones ordenadas». De nuevo, se advertía a la propiedad de la posibilidad de una sanción.
El plazo venció el 23 de marzo, no obstante, unos días más tarde –en concreto el día 5 de abril– se produjo un contacto entre ambas partes y Desarrollos Arbe SL afirmó que asumiría los trabajos. Según la administración local, el compromiso fue de forma oral y en ningún momento se puso nada por escrito. No obstante, en el expediente que se ha abierto ahora se asegura que esta «no designó a ningún director facultativo».
La empresa tampoco llegó a presentar ningún proyecto de rehabilitación ni ha solicitado ninguna licencia de obras, lo que se considera una «infracción urbanística grave», ya que se considera que esta no ha atendido «al deber de conservación del edificio».
Parador Nacional
El concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, habló esta semana sobre al respecto en una entrevista al programa ‘Bon dia Tarragona’, de Ràdio Ciutat de Tarragona. En esta afirmó que «la propiedad no ha hecho caso de los requerimientos que les hemos mandado y no vemos que la voluntad que demostraron cuando parecía que ellos se harían cargo de la emergencia». En consecuencia, afirmó que «el Ayuntamiento actuará para asegurar que no haya ningún riesgo de que el edificio sufra algún derribo».
Estos días, continúan los trabajos en el interior del inmueble para retirar los restos de valor que había en el interior y evitar que estos sigan dañándose. También se está reforzando la estructura del edificio y supervisando todos los puntales, ya que se detectó que algunos de estos estaban en condiciones y no cumplían su función. Además, los daños fruto de las humedades y las filtraciones de agua exigían de nuevas estructuras para evitar futuros episodios, teniendo en cuenta la presencia de escombros, restos de vegetación y desechos en general que se detectaron.
En cuanto al futuro, el gobierno municipal afirma que «no tenemos constancia de nada» sobre las intenciones de la propiedad para convertir el inmueble en un hotel. Por este motivo, mantienen la voluntad de transformar este espacio en un Parador Nacional. Al respecto, se están manteniendo conversaciones tanto con el Ministerio de Turismo como con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ya que tan solo tres de las ciudades que forman parte de este selecto grupo no tienen un espacio de estas características, y Tarragona es una de estas.