El 50% de los juicios en la Audiencia de Tarragona alcanzan un acuerdo. De estos, alrededor del 40% se acuerdan el mismo día de la vista. El presidente de la Audiencia Provincial, Joan Perarnau, lamenta que las acusaciones y las defensas no lleguen a un acuerdo antes, ya que supondría un ahorro de recursos y tiempo para la Administración de Justicia. El organismo registra 1.000 asuntos penales al año, de los cuales la sección segunda maneja unos 700 y la cuarta, unos 300. Esto provoca que los juicios tarden entre dos y tres años en celebrarse. Ante estas cifras, Perarnau reclama la creación de una nueva sala penal. “El problema es que, como no hay presupuestos españoles ni catalanes, esto no es posible”, sostiene.
En una entrevista con la ACN, el presidente de la Audiencia de Tarragona explica que elaboró un protocolo de conformidad hace cuatro años que funciona “muy parcialmente”. De hecho, lamenta que los abogados no intentan llegar a un acuerdo hasta que ven a sus clientes sentados en el banquillo de los acusados. “Cuando entran en la sala es cuando tienen prisa por llegar a un acuerdo. Tenemos muchísimas conformidades; de ese 50%, probablemente un 40% se alcanzan el día del juicio y un 10% utilizan el protocolo”, concreta Perarnau.
Con la celebración de una vista entre las partes —Ministerio Público y defensas—, asegura, se evitaría citar testigos y movilizar recursos. “Me encantaría que las conformidades se alcanzaran en la vista previa, pero en la práctica, la estrategia de las defensas es agotar el plazo hasta que se sientan ante el tribunal”, insiste. Opina que esta estrategia de los letrados —esperar para beneficiarse de atenuantes en la sentencia— no siempre les resulta favorable.
El 25% de los juicios se suspenden
Las suspensiones de juicios son otra de las razones del retraso en la celebración de las vistas. En promedio, se suspenden entre un 25% y un 30%. Las suspensiones se deben a la incomparecencia de acusados, víctimas, testigos o a enfermedades de los abogados u otras personas involucradas. “Intentamos salvar los juicios en otras fechas. Si un testigo no puede venir, hacemos la continuación en quince días. Aun así, estamos suspendiendo entre un 25% y un 30% de juicios”, destaca. No obstante, señala que esta cifra es “muy similar” a la del resto de Catalunya y España: “No es un problema específico de Tarragona ni de la Audiencia Provincial”, precisa el presidente.
En un contexto de juicios con más investigados y testigos, suspenderlos provoca que las salas queden vacías durante semanas enteras, ya que no se pueden reprogramar otros casos. “No podemos fijar nuevas fechas en esos días porque no hay tiempo material para citar abogados ni testigos”, lamenta. Según Perarnau, la oficina no tiene capacidad para citar con tanta rapidez y los letrados tampoco siempre están disponibles. Indica que volver a citar a todos supone un trabajo de entre tres meses y un año, dependiendo del caso. “Cada vez tenemos juicios con más personas y macrocausas, lo que nos dificulta mucho encontrar a la gente”, reitera. Además, señala que muchos procesados son extranjeros, lo que complica su localización.
Un millar de asuntos penales
A la espera del informe anual de 2024, Perarnau indica que se registrarán cifras similares a las de 2023, con unos 900 casos pendientes. La capacidad de enjuiciamiento penal de la Audiencia es de 250 asuntos anuales. “Nos movemos entre los 1.000 asuntos penales pendientes, la sección segunda tiene más que la cuarta”, subraya. En concreto, la sección segunda registra unos 700 y la cuarta unos 300, por lo que la primera tiene juicios programados con tres años de antelación y la otra con dos. “Vamos muy bien en la resolución de recursos de apelación, pero muy mal en la programación de nuestros juicios, que conllevan penas de prisión superiores a cinco años”, manifiesta.
En los últimos años, excepto durante la pandemia, han aumentado los juicios por asesinato u homicidio. Se han registrado una media de quince homicidios al año, lo que supone quince jurados populares anualmente. A la vez, ha cambiado la tipología de los delitos, con más personas implicadas y organizaciones criminales. “Los juicios han pasado de tener 1 o 2 acusados a juzgar a 20 o 30”, destaca Perarnau. Además, han aumentado las causas por agresión sexual en un 10%, ya que con el cambio de ley —que eliminó el abuso sexual para incluirlo en la agresión—, muchos casos que antes se juzgaban en tribunales penales ahora se celebran en la Audiencia.
Nueva sección penal
Desde hace tiempo, Perarnau solicita la creación de una nueva sección penal para solucionar el retraso crónico en los juicios. “Crear una nueva sala penal sería ideal. El problema es que, como no hay presupuestos españoles ni catalanes, esto no es posible”, afirma. No obstante, explica que desde principios de año han reforzado el organismo con dos de los cinco jueces de adscripción territorial. Junto con un nuevo magistrado titular, han configurado, de forma indirecta, una tercera sala de enjuiciamiento. “La Audiencia Provincial de Tarragona, de facto, ha pasado de tener dos secciones penales a tres. Esto nos permitirá incrementar el número de juicios que podemos celebrar al año”, asegura.
Los grandes casos pendientes: IQOXE, Innova e Inipro
El juicio por la explosión de IQOXE no se celebrará este año. Según el presidente de la Audiencia, la pieza principal podría juzgarse en 2026. En noviembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona dictó la apertura de juicio oral contra los tres directivos en el momento de la explosión, el 14 de enero de 2020. Sin embargo, se ha debido prorrogar la fase de instrucción debido a la demanda civil de Repsol Química por la pérdida de 50 millones de euros a raíz del incidente, ya que la empresa no recibió el suministro de óxido de etileno.
Después de cinco años, Perarnau considera muy necesario juzgar los hechos: “Es un caso prioritario, no se trata de cuestiones económicas, sino de tres muertos. Es una causa con una sensibilidad especial”. En cuanto a las dos piezas separadas de IQOXE —la medioambiental por vertidos al mar y la del reactor “clandestino”—, están pendientes de resolverse los recursos de apelación. “La pieza principal es la que merece nuestra atención absoluta; las otras dos, como Innova e Inipro, pueden resolverse en un tiempo razonable, sin prioridad”, comenta.
En el caso de Innova, también está pendiente una nueva fecha. Perarnau apunta que el juicio podría celebrarse a finales de este año si logran “encajarlo”. La Audiencia decidió aplazarlo debido a la enfermedad de una persona que debía participar en las sesiones. El 6 de mayo de 2024 debía comenzar el juicio por la pieza principal y la separada número 2, que investiga presuntas irregularidades en la construcción del hospital Sant Joan de Reus. Entre los acusados figuran Josep Prat, exdirector del holding Innova; Carles Manté, exdirector del CatSalut; Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus; el arquitecto Jorge Batesteza y dos sociedades.
También está pendiente de fecha el juicio del caso Inipro, que investiga una presunta trama de corrupción en la que se habrían desviado 276.157,31 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) al PSC. Entre los nueve acusados está el exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. “Llevamos tanto retraso que medio año más no supone diferencia; el sistema está colapsado”, afirma Perarnau.
Se prevé que este juicio se celebre a finales de 2025 o principios de 2026. “Intentamos programar Innova e Inipro para esas fechas”, concluye. Sin embargo, añade: “IQOXE me quita el sueño; las otras dos ya no. Intentaremos que la tercera sección las asuma y hacerlas lo más rápido posible dentro del enorme retraso que arrastramos”, finaliza.
