Los Ministerios de Trabajo y de Hacienda han roto la negociación para que los perceptores de salario mínimo interprofesional (SMI) sigan sin pagar IRPF ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este viernes en una entrevista en Telecinco que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha roto la negociación al haberse «levantado de la mesa» sin alcanzar un acuerdo.
Díaz ha asegurado que ayer a las diez de la noche Montero «dio la instrucción de levantarse de la mesa» y ha criticado que «el aroma que se desprende de sus palabras es que a la ministra le parece que el SMI ya es muy elevado en España».
Ambos ministerios trataban de evitar trasladar su discrepancia sobre este asunto al Congreso, al que este viernes llegará el veto del Gobierno a las tres proposiciones de ley de Sumar, Podemos y PP para eximir de IRPF el SMI.
Para Díaz, «cuando alguien veta, ha perdido el debate» y más teniendo en cuenta que «estamos de acuerdo con que se tramiten (las proposiciones de ley) todas las formaciones políticas».
Puntos de fricción de la propuesta en negociación
La propuesta que Hacienda había planteado evitaba elevar el mínimo exento y contemplaba una deducción que compense a los perceptores del SMI (actualmente situado en los 16.570 euros brutos anuales), para que no tengan que pagar IRPF, lo que supondría un impacto para las arcas públicas de «algo más de 200 millones de euros».
Este coste estaría muy por debajo de los entre 1.500 y 2.000 millones de euros que supondría elevar el mínimo exento, una medida que haría «extensiva al resto de rentas salariales» esa compensación planteada.
Según datos de Hacienda, el 80 % de los perceptores del SMI no tendría que tributar tras la subida y el 20 % restante sólo lo haría por unos 20 euros.
Díaz ha explicado que la propuesta de Hacienda, tal y como está planteada, va en contra de lo que establece la Carta Social Europea, que señala que el SMI debe suponer al menos el 60 % del salario medio neto, es decir, «libre de impuestos».
Si no se eleva el mínimo exento, «no podemos asegurar el 60 % del salario medio neto» al aplicarse una retención que restaría 22 euros al salario neto mensual, situado en 1.184 euros (50 euros más que el año pasado).
