Preocupación, mucha preocupación. Es la sensación que viven un total de 34 familias de tres bloques de pisos de La Pobla de Mafumet. En su día pasaron a propiedad de la Sareb después de que el constructor tuviera problemas económicos.
El año pasado, a raíz de una sentencia, supieron que la última prórroga de los contratos de alquiler que firmaron no son válidos. La Sared dio la gestión de los pisos a Servihabitat, que ha comenzado a firmar los nuevos contratos de alquiler.
Pero paralelamente, la Sareb ha instado al Juzgado ha ejecutar la sentencia para echar a los inquilinos. Incluso han notificado el desahucio a las personas que han firmado los nuevos contratos de alquiler. Si nadie lo remedia, el día 26 de noviembre tienen que abandonar sus hogares.
A principios de siglo, la constructora comenzó a levantar tres bloques de pisos en los número 2, 4 y 6 de la calle Mina de Madró, en el extrarradio del núcleo urbano, cerca del campo de fútbol. Algunos de los inquilinos compraron la vivienda y otros estaban de alquiler. Eran los años 2012 y 2013.
Diferentes prórrogas
Los que estaban de alquiler firmaron diferentes prórrogas. Todo cambió en marzo de 2021. El administrador comunicó a los que estaban de alquiler que no debían pagar cada mes porque los pisos habían pasado a manos de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuación Bancaria SA). Fue la primera sorpresa que tuvieron los inquilinos. Después vendrían más.
A pesar de no pagar hipoteca, el grupo de vecinos tuvo que formar una especie de comunidad para hacer frente a los gastos de luz y ascensor, para evitar que les cortasen el suministro. «Nos hemos hecho cargo de todo», asegura una de las afectadas.
Los inquilinos, el 12 de mayo de 2021, fueron citados a personarse en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tarragona. «Nos dijeron que era para presentar documentación», comenta la afectada. No les dijeron que llevasen abogados. El motivo era iniciar el proceso de lanzamiento que había solicitado la propiedad.
El auto judicial
Pero el jarro de agua fría les cayó con la llegada a cada inquilino de un auto judicial. El mismo resolvía la cuestión: ¿El ocupante de la vivienda tenía el título suficiente que le facultase para seguir ocupando la misma. Para la magistrada, «no».
La juez recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria fue iniciado a raíz de la demanda presentada el 28 de febrero de 2018 ante el impago reiterado de la propiedad del inmueble, Mafumet Promoció Llar S.L. Los inquilinos firmaron un primer contrato de arrendamiento y después prórrogas, «que no fue inscrito en el Registro de la Propiedad».
Mientras se están firmando los nuevos contratos, la Sareb quiere echar a los inquilinos
Recalca la magistrada que cuando fue suscrito el último contrato con la empresa de fincas –de la misma familia que la constructora–, esta «ya no era propietaria del inmueble y no tenía facultad para disponer del mismo». Y recalca: «Fue un contrato privado sin trascendencia para terceros suscrito por un arrendador sin legitimación en fraude de los derechos de los acreedores». Por ello, asegura que la ocupación de los inmuebles se basa en un contrato nulo.
Los afectados tienen el apoyo del Ayuntamiento de La Pobla, que ha hecho movimientos políticos para intentar encontrar una solución con la Sareb. Mientras, esta dio la gestión para redactar nuevos contratos a Servihabitat, que ya ha redactado y materializado cinco –de siete años de duración–, un proceso que tarda entre tres y cinco meses. Todos los afectados están de acuerdo en pagar el alquiler –no social–. Pero todavía quedan 29 afectados.
Orden judicial
Pero mientras por una parte se están redactando los nuevos contratos de alquiler, paralelamente la Sared ha instado al Juzgado a ejecutar la sentencia y a echar a los inquilinos. Estos –incluso los que tienen firmado el nuevo contrato de alquiler– han recibido una carta del Juzgado, que les da hasta las 9.30 horas del próximo 28 de noviembre para abandonar sus hogares. Y si no lo hacen, la magistrada autoriza el uso de la Policía para materializar su orden y, si fuera necesario, «el descerrajamiento de las puertas de entrada».