El exconseller d’Economia i Hisenda, diputado y presidente de la comisión de Empresa del Parlament, Jaume Giró, ha lanzado una advertencia sobre el impacto que podría tener la continuidad y ampliación del impuesto a las energéticas en la economía de Tarragona.
En declaraciones al Diari de Tarragona, Giró recordó que “el impuesto a las energéticas es un impuesto que se creó en 2022 con la intención de ser provisional, extraordinario y excepcional. Excepcional, porque es un impuesto sobre las ventas, no sobre los beneficios”, algo que, según él, contraviene la postura de la Unión Europea, que “no ve con buenos ojos los impuestos de los estados miembros sobre la facturación”.
El diputado señaló que este impuesto fue inicialmente provisional, creado en un contexto de crisis energética severa, con los precios del petróleo y el gas en máximos históricos. “En ese momento, el petróleo estaba a 100 dólares por barril y el gas a 300 euros por MWh. Hoy, el petróleo ha bajado a 70 dólares y el gas a 30 euros”, afirmó, subrayando que las condiciones han cambiado drásticamente.
Giró también destacó que es un impuesto extraordinario porque “las empresas energéticas ya pagan impuestos”. Según sus datos, solo las cuatro principales compañías del sector –Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy– pagaron más de 9.000 millones de euros a la Hacienda española el año pasado.
Impacto en Tarragona
El impacto de esta medida en Tarragona, según Giró, podría ser particularmente perjudicial. “Repsol está pendiente de la decisión que tome el gobierno del PSOE y Sumar para decidir si invierte en la petroquímica de Tarragona o abandona el proyecto”, advirtió. Recordó, además, que el complejo industrial de Tarragona representa más del 2% del PIB de Catalunya.
La inversión en cuestión, de más de 1.000 millones de euros, sería para construir una nueva planta de producción de biometanol renovable e hidrógeno. “Por experiencia –Giró trabajó 30 años como directivo de grandes empresas– puedo asegurar que, cuando una empresa incluye estos proyectos en su plan estratégico presentado ante inversores de Londres, Frankfurt y Nueva York, es prácticamente seguro que los proyectos se realicen. Sin embargo, si no se pueden hacer en Tarragona, se harán en Portugal o Francia”, afirmó con rotundidad.
Además de las implicaciones económicas, Giró también destacó el impacto ambiental que tendría esta ampliación del impuesto. “Las nuevas instalaciones programadas permitirían reducir más de 2 millones de toneladas de CO2 al año, en comparación con la situación actual”, concluyó, alertando de que la ampliación del impuesto no solo perjudicaría la inversión, sino también los esfuerzos por reducir las emisiones.
Con estas declaraciones, Jaume Giró pone sobre la mesa las posibles repercusiones de una medida que podría comprometer tanto la economía local de Tarragona como los avances en sostenibilidad que se están planteando.
