La escalada inflacionista augura un otoño de conflictividad laboral. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y la revisión de las cláusulas salariales va a ser, con toda seguridad, un punto central en la negociación colectiva, con las organizaciones sindicales y patronales acusándose estos días mutuamente de inmovilismo y falta de empatía, mientras organizaciones como el Col·legi d’Economistes de Catalunya hacen llamamientos a alcanzar un pacto de rentas efectivo que rebaje tensiones y garantice la solidaridad entre todos los agentes implicados.
Las cifras son elocuentes. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer el dato adelantado del Indicador de Precios de Consumo (IPC) del pasado mes de agosto, que en el conjunto de España se situó en un 10,4% respecto a los precios de un año atrás.
Son cuatro décimas menos que el IPC del pasado mes de julio (principalmente por el descenso del coste de los carburantes), pero que, con dos dígitos, sigue encaramado a un nivel de récord, desconocido en décadas.
En el caso de Catalunya, a falta de tener los datos definitivos de agosto en esta comunidad autónoma, el IPC se situó en julio en un alarmante 10,3% interanual, en una escalada alcista que arrancó en marzo de 2021 y que, con creciente intensidad, se mantiene hasta el día de hoy.
Terminado el oasis veraniego, donde la necesidad de vacaciones y desconexión tras el agotamiento pandémico se ha impuesto a cualquier otra cuestión, llega la realidad del tramo final del año con ese IPC tozudamente al alza, muy a pesar de las primeras maniobras del Banco Central Europeo (BCE) para enfriar los precios con las incipientes subidas de tipos de interés puestas en marcha.
Una realidad que constata, además, el agotamiento de toda esa demanda embalsada que se produjo durante los meses más intensos de la pandemia global de Covid-19, donde los confinamientos y todas las medidas restrictivas que los acompañaron proporcionaron a no pocos ciudadanos una bolsa de ‘ahorro forzoso’ que, si todavía persistía, ha terminado de esfumarse con el verano y las subidas de precios de los últimos meses.
Especialmente preocupante es el dato de la inflación subyacente (la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos), que en el conjunto de España escaló el pasado mes de agosto (con datos provisionales) tres décimas, hasta situarse en el 6,4%, una tasa que, de confirmarse, sería la más alta desde enero de 1993.
Con todos estos ingredientes, la semana arrancaba este lunes con un enfrentamiento verbal abierto entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a cuenta de las revisiones salariales.
Después de que el vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, tachara a la ministra de Trabajo de «arrogante» por su «apoyo explícito» a las manifestaciones sindicales por la subida de los salarios, la vicepresidenta reiteró su posición alegando que Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) sabe que una inflación por encima del 10% «es insoportable para las familias», a lo que añadió que la patronal «no está a la altura de su país».
¿Hasta qué punto las señales que apuntan a un estallido de la conflictividad laboral este próximo otoño son pura escenificación para tomar posiciones en la negociación que está por venir, o bien auguran algo más serio?
«Ante unos números que son claros, con un IPC por encima del 10% y unos convenios con cláusulas de revisión salarial en el 2,5%, no nos podemos estar quietos viendo el nivel de pobreza que llega. Hay conflicto asegurado y seguramente veremos una movilización general, donde no descartamos nada», analiza Mercè Puig, secretaria general de CCOO en el Camp de Tarragona.
«Está claro -prosigue Puig- que los salarios no se pueden quedar como están. Las empresas están subiendo sus precios, y no puede ser que los salarios suban un 2,5% con el IPC en el 10,8%. Pero después de que la patronal se levantase de la mesa de negociación el pasado mes de mayo, no esperamos un cambio, no vemos que la CEOE esté por la labor».
Javier Ibars, director de Relacions Laborals de Foment del Treball Nacional, organización empresarial de ámbito catalán adscrita a la CEOE, desmiente este extremo: «No es cierto que las organizaciones empresariales estemos bloqueando la negociación colectiva; se están firmando convenios y estamos sentados en todas las mesas de negociación con la voluntad de alcanzar acuerdos».
«Y, aunque sí que es cierto que el IPC puede generar cierta conflictividad coyuntural -prosigue Ibars-, la voluntad de la parte empresarial continúa siendo establecer los mayores incrementos salariales que sean posibles, pero con márgenes razonables para mantener la competitividad de las empresas».
En este punto, admite que «ciertamente nos encontramos con un escenario complicado, y sí que hay algunos convenios colectivos que pueden encallarse a causa de la reivindicación de revisar las cláusulas de revisión salarial indexadas al IPC, porque con ello entraríamos en un escenario peligroso de aumento estructural de la inflación, con inflación de segunda ronda».
Y añade: «La situación de determinadas empresas es crítica, con unos márgenes de muchas de ellas en una situación muy delicada por los incrementos de costes, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral».
De manera similar se expresa Josep Ginesta, secretario general de Pimec, patronal catalana de micro, pequeñas y medianas empresas: «Las pymes no están recuperando derechos, han perdido capacidad de maniobra. Es evidente que en un contexto de presión inflacionista, con el IPC desbocado, los salarios se han de revisar y evitar un incremento en el ratio de trabajadores pobres, pero hemos de hacerlo adecuadamente, indexando esos salarios no solo al IPC, sino a otros indicadores como la productividad».
«Hay que revisar los salarios -prosigue Josep Ginesta-, pero de manera equilibrada y coherente con la mejora de la competitividad del país. El incremento del IPC -recuerda- afecta también a muchas empresas, hasta el punto de detener producciones porque no pueden revertir el incremento del coste de la energía. Cuidado, que no vayamos hacia un desaguisado que nos haga empeorar».
«La coyuntura -admite el secretario general de Pimec- altera los elementos de consenso, y a las empresas se nos junta este incremento inflacionario con una facturación superior a antes de la pandemia, es cierto, pero con unos márgenes de beneficio mucho más estrechos. Esta coyuntura volátil es la que hace muy difícil llegar a acuerdos, porque la inflación afecta a las empresas, no se la ponen en el bolsillo».
Alfons Fernández, miembro de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), analiza la situación: «Tenemos una tasa de inflación que hace 30 años que no veíamos, y si hay que hacer una previsión, estimo que se vaya suavizando un poco de aquí a finales de año, con el efecto de las medidas emprendidas para contenerla, pero seguiremos muy cerca de los dos dígitos, en un 7% o 9%, lo cual, en todo caso, es una inflación desbocada».
¿Vuelta a los ochenta?
«Es una situación -prosigue- que no presupone ningún tipo de solución entre la patronal y los sindicatos, y parece que volvamos a los ochenta y noventa, en un otoño en el que podríamos ver huelgas generales fuertes, que no veíamos después de muchos años».
«Los hechos -ilustra este economista- son una inflación desbocada de dos dígitos, como hace 30 años, y una inflación subyacente muy elevada. Y, de momento, los salarios no han recuperado esta pérdida de poder adquisitivo. Se trata de una pérdida que, de cara a las familias, se seguirá dando, y es algo peligroso, porque la inflación se junta con un aumento de los tipos de interés: no se trata solo de la cesta de la compra, sino también de las hipotecas que hemos de pagar».
«Habrá un sufrimiento grande por parte de las familias -augura Alfons Fernández-, con un escenario alcista de precios y tipos de interés que se dará como mínimo hasta final de año, y en el que estaremos conviviendo con estos efectos que son tan perniciosos».
«A todo esto -añade- se le suma un tercer factor, que es el hecho de que, después de la temporada turística, muchas familias han agotado los ahorros que hicieron con la pandemia. Tendremos un otoño muy movido, muy tenso».
La propuesta para tratar de rebajar esas tensiones es, desde el Col·legi d’Economistes de Catalunya, un pacto de rentas que, «de manera muy general -explica Alfons Fernández-, consiste en que los diferentes estratos de la sociedad hagan un esfuerzo que sea equitativo, propio de una sociedad solidaria y democrática. Eso significa que aquellos que se están beneficiando más de la situación o sufriendo menos han de hacer un esfuerzo superior».
«Hay sectores económicos -prosigue este economista- que se están beneficiando, como es el caso de las empresas energéticas, y no es una cuestión opinable, porque están teniendo beneficios extraordinarios con este contexto inflacionista. Son quienes deberían hacer el principal esfuerzo, y en este sentido ya se prevén una serie de impuestos especiales sobre esos beneficios extraordinarios».
La cuestión que sigue es qué se hace con esos recursos captados por la Administración Pública. «La idea -responde Fernández- es que el Gobierno repercuta estos ingresos entre los colectivos más afectados, y eso sería un pacto de rentas. Pero no se puede poner un impuesto como este a una pyme, y aquí hay que hacer un trabajo de cirugía».
En este punto, y yendo a las revisiones salariales, «normalmente -explica Alfons Fernández-, las negociaciones colectivas han terminado con pactos generales o por sectores, pero no han diferenciado entre grandes y pequeñas empresas. Y este es el reto que tenemos ahora. No podemos exigir el mismo esfuerzo a una microempresa que a una gran empresa, pero eso es algo que, desde un punto de vista técnico, será difícil».
«Pero -insiste- si aplicamos medidas a todos por igual, el riesgo que tenemos es que ese pacto de rentas no sea equitativo, con microempresas que tendrán que cerrar mientras en grandes empresas no tiene apenas efecto, con lo que la siguiente ola es de despidos. Es el gran reto que tenemos, porque no nos hemos enfrentado nunca antes a él».
Desde organizaciones sindicales como CCOO aseguran ser sensibles a esta diversidad empresarial y a los efectos que determinadas medidas pueden tener en determinados perfiles de empresa. «Hemos de intentar recuperar a las pymes -admite Mercè Puig, secretaria general de CCOO en el Camp de Tarragona-, y el pacto de rentas incluye mucho más que hablar únicamente de salarios».
«El pacto de rentas -prosigue Puig- depende de una voluntad de todas las partes, y no solo es incrementar salarios, sino controlar los precios de la energía y los alimentos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas con los ingresos que tenemos. Además, las rentas más bajas también necesitan ayudas directas».
Sobre las diferencias entre sectores y tipología de empresa, «donde encontramos hoy la situación más delicada -explica Mercè Puig- es en el sector servicios, porque cuesta mucho que haya incrementos salariales en los convenios. También en el sector industrial, con un convenio del metal parado, donde veremos que se movilizarán sí o sí, y tendremos huelgas si no vemos mejoras en los próximos dos meses».
«Septiembre y octubre -augura la secretaria general de CCOO en el Camp de Tarragona- son los dos meses clave para ver movimientos, pero no tenemos ningún input en el que se vean por parte de la patronal. Subir los salarios no es destruir la ocupación, y nosotros estamos partiendo de un incremento del 3,5%, no de un 10%. Somos conscientes de que la pyme es la que ha sufrido más la crisis, y por eso, cuando estamos hablando de aumentos salariales, entendemos que un 10% no lo pueden asumir».
«Además, necesitamos ayudas directas desde la Administración Pública para esas pymes. Entendemos la dificultad que tienen, y sabemos que no es viable económicamente para muchas empresas, pero no podemos empobrecer más a los trabajadores».
En esta vía de consenso que propone el pacto de rentas, donde las revisiones salariales son un elemento más y que prioriza transitar caminos inexplorados que lleven hacia acuerdos mucho más ajustados a la realidad de cada empresa y sector, Javier Ibars, de Foment del Treball Nacional, defiende «analizar todas estas vías que sean más justas, y nosotros nos encontramos en esta posición de análisis para encontrar una salida que evite una situación de conflictividad laboral, con mecanismos más modernos y justos».
«Se acercan unos meses complicados -vaticina Josep Ginesta, secretario general de Pimec-, porque el margen de maniobra de las empresas es muy pequeño en la negociación colectiva, y cuando se hacen movilizaciones se hacen como si todas las empresas fuesen grandes, cuando la mayoría son pymes».
«Pero también pronostico -concluye Josep Ginesta- que habrá un principio de realidad para las organizaciones sindicales, al ver que el pequeño empresario es una víctima más, y se encontrarán los grandes consensos que siempre se han alcanzado».