Los representantes del movimiento vecinal Mai més peatges han comparecido nuevamente en el juzgado de Amposta para ratificar y ampliar la denuncia presentada hace dos años y medio por la falta de inversiones en seguridad en la AP-7, a raíz de los últimos accidentes y cortes de circulación. “No solo sigue todo igual, sino peor”, ha asegurado a la ACN el portavoz del movimiento, Llorenç Navarro. Recuerdan que, a pesar del aumento del tráfico en la vía, que definen como “el verdadero corredor mediterráneo”, las administraciones no cumplen con su responsabilidad. Les reprochan la falta de planes de actuación eficaces para hacer frente a situaciones de emergencia derivadas de siniestros o incidentes. “Hay jurisprudencia en otros países y la justicia debe intervenir”, ha reclamado Navarro.
El 14 de febrero, los vecinos ratificaron y ampliaron la denuncia que habían presentado en septiembre de 2022. Lo hicieron poco después del caos circulatorio causado por un accidente mortal con la implicación de tres camiones en la AP-7, a la altura de L’Hospitalet de l’Infant, que el pasado 7 de febrero provocó cortes durante catorce horas. Desde principios de año, el tramo sur de la autopista acumula cinco víctimas mortales –tres el pasado fin de semana y una este martes– además de numerosos incidentes que afectan la movilidad en todo el país.
“Cada vez tenemos más tráfico. El verdadero corredor mediterráneo es la AP-7. La N-340 ha sido destrozada con rotondas, líneas continuas y la prohibición de paso para vehículos pesados. La administración debe ponerse las pilas y solo podemos recurrir a la justicia para que intervenga: hay muchas vidas en peligro las 24 horas del día, los 365 días del año”, ha argumentado Navarro.
Falta de planes de actuación y mantenimiento
En la primera denuncia, los vecinos ya señalaban que la falta de “planes de actuación eficaces para gestionar las retenciones derivadas de accidentes o de obras” incumple “el deber de garantizar la fluidez y la seguridad” tanto en la AP-7 como en la N-340. Destacan que, a principios de febrero, muchos conductores quedaron “atrapados en las retenciones de la N-340, agravadas por la reducción de la capacidad de la vía” provocada por la construcción de rotondas.
También ponen sobre la mesa las “deficiencias en inversión y mantenimiento”, especialmente en la autopista, “construida hace más de 50 años”, y que no ha recibido “actualizaciones” para absorber el crecimiento del tráfico. Señalan la falta de “barreras de protección homologadas en puentes y laterales”, la ausencia de “iluminación adecuada en tramos peligrosos” y la carencia de separadores centrales y laterales “que eviten colisiones frontales y salidas de la vía”.
Lamentan que, a pesar de la denuncia inicial, ni el Ministerio de Transportes ni el Servei Català de Trànsit (SCT) han corregido estas deficiencias. “Las administraciones no están haciendo su trabajo como deberían. El tercer carril de la AP-7 debería estar terminado”, han señalado. Recuerdan que en 2008 el gobierno español modificó un decreto para permitir obras de urgencia, y que las reformas que requiere esta vía “no pueden considerarse obras convencionales”. “Deben ponerse en marcha rápidamente: muchas personas dependen de si el corredor actual queda bloqueado o no”, alertan.
Soluciones tecnológicas
Según Navarro, la tecnología actual “ha avanzado mucho y permite prevenir problemas desviando el tráfico por todos los accesos posibles, aumentando rápidamente el número de accesos con paneles informativos y desplegando más personal de tráfico para redirigir a los vehículos atrapados sin ponerlos en peligro durante horas”. “Quedarse cuatro, cinco o seis horas parados supone un gran riesgo. No sabemos qué problemas de salud puede tener la gente. Pasar tantas horas detenido, como ocurrió en 2020, puede hacer que otro vehículo venga por detrás y te arrolle. Hay muchas soluciones posibles, pero ahora mismo no se está haciendo nada, y esto no puede continuar”, ha sentenciado.
Por el contrario, consideran que las rotondas y líneas continuas de la N-340 han limitado su capacidad y “aumentado el riesgo de colisiones en las intersecciones”. Critican que el Ministerio de Transportes asuma que la corrección de estos puntos críticos en la carretera “tardará años, perpetuando un riesgo evitable”.
Análisis de la relación causa-efecto
Ante este escenario, el movimiento Mai més peatges exige que se analice la posible relación causal entre los accidentes mortales y los daños materiales con factores como la falta o el mal estado de las barreras de protección, la ausencia de señalización o iluminación, y la falta de protocolos de gestión de retenciones y accidentes por parte de Transportes y el SCT. Piden que esta investigación incluya informes técnicos, la opinión de expertos, la participación de peritos y el análisis de documentación oficial.
El movimiento refuerza su denuncia citando sentencias y jurisprudencia basadas en la legislación europea, que obliga a las administraciones a “realizar auditorías de seguridad vial y actualizar las infraestructuras”. En este sentido, consideran que la inacción de los responsables podría ser tipificada penalmente como “negligencia grave”, además de generar “daño moral y material”.
