El Govern de la Generalitat de Catalunya ha lanzado un mensaje claro y conciso a los Ayuntamiento de Salou y Vila-seca a raíz de la polémica surgida entre ambos en las últimas horas entorno a la aprobación del Plan Director Urbanístico del Centre Recreatiu i Turístic, y en concreto a su modificación estatutaria que ahora mismo hay sobre la mesa y que debería facilitar la llegada de Hard Rock Entertaintment.
«Confiamos en que las posibles discrepancias que pueda haber entre los Ayuntamientos se puedan solucionar y en eso estamos trabajando», han manifestado desde el Govern.
En la Generalitat evitan valorar las declaraciones del alcalde de Salou, Pere Granados, quien acusa al Govern y al Ayuntamiento de Vila-seca de querer romper los acuerdos del CRT, vigentes desde 2012 y válidos hasta 2032, entre ellos los referidos a los tributos fiscales que ahora mismo son de un 57% para Salou y un 43% para Vila-seca.
El Ayuntamiento de Salou se mantiene firme en esa línea y ha convocado para este miércoles un pleno con carácter extraordinario y urgente, a las 14.00 horas, en el que aprobará una declaración institucional para requerir a la Generalitat (institución que preside el Consorcio del CRT) a que presente y someta a votación en la Junta de Dirección del Consorci la aprobación del PDU CTI-1, respetando los estatutos vigentes, a fin de que los representantes salouenses lo puedan votar a favor.
Desde Salou entienden que no existe ningún impedimento legal para someter a aprobación inicial el Plan que debe permitir la construcción del proyecto de Hard Rock sin modificar los estatutos, una vez subsanadas y reajustadas las cuestiones técnicas y jurídicas que afectan al mencionado sector 1 del PDU, requeridas por sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Un informe jurídico encargado por el presidente por delegación del Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, Jordi Cabrafiga, y elaborado por el interventor del propio CRT Juan Manuel Hernández (a la vez interventor del Ayuntamiento de Salou) y por el secretario del CRT, Ignacio Río (y secretario del Ayuntamiento de Vila-seva) concluye, sin embargo, que deben modificarse los estatutos.
Acuerdo cerrado
El informe se basa en el acuerdo al que se llegó el pasado viernes, 11 de febrero, en la que estuvieron representadas todas las partes implicadas, y que dejó por escrito que «los tributos locales delegados del sector 1-Complejos Turísticos Integrado (CTI) se distribuirán según el porcentaje de superficie que esté en cada término municipal tal y como figure en el texto de la modificación puntual del PDU que se está tramitando actualmente».
En su declaración institucional el Ayuntamiento de Salou dejará claro que no aceptará «ninguna modificación del articulado de los estatutos del CRT». Recordará además que fueron acordados y aprobados por los respectivos plenarios de los ambos ayuntamientos en noviembre de 2013, y ratificados en febrero de 2014 también por los miembros del Consorci y de la Generalitat. Son vigentes hasta el 3 de febrero de 2032.
En este sentido la declaración menciona el artículo 6 de los citados estatutos. «Entendemos que no se pueden generar situaciones o intentos que rompan los acuerdos tomados y pongan en cuestión la redistribución de los ingresos fiscales que se establece en el artículo 52».
Segura: ‘Salou sale ganando’
El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, defendió ayer por su parte la modificación, tal y como lo indican los técnicos, para permitir así la tramitación del nuevo Plan Director Urbanístico que ha propuesto la Generalitat.
En declaraciones a la ACN, Segura se mostró sorprendido por las acusaciones de Pere Granados. El alcalde de Vila-seca incluso concretó que con el cambio estatutario «Salou sale ganando» en los ingresos fiscales que, según ha dicho, pasarían de un 57 a un 59%.
Segura comentó que Vila-seca fue «muy generosa» con los planteamientos del nuevo PDU, «especialmente con las compensaciones ambientales». La propuesta de la Generalitat para adaptar el documento urbanístico a los requerimientos de la sentencia del TSJC pasaría, entre otras cosas, por incorporar 50 hectáreas al CRT para ampliar la zona de protección medioambiental y paisajística. Unos terrenos que se encuentran en término municipal de Vila-seca.