La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defendido los ceses en la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), argumentando que era necesario un “liderazgo” con “más experiencia en la gestión de equipos y planificación estratégica”. Durante un almuerzo organizado por la Fundació Pere Tarrés, Martínez Bravo insistió en que los cambios se realizaron porque se necesitaban personas con “otra actitud” en la “gestión de equipos y del cambio”. También agradeció el trabajo realizado por la reusense Isabel Carrasco, recientemente destituida.
Además, la consellera anunció que la estrategia contra la pobreza infantil se aprobará en mayo y aseguró que se está trabajando en el “despliegue completo” del Complement d’Ajuda a la Infància (CAPI), con el objetivo de que llegue a 350.000 hogares.
La pobreza infantil, una prioridad urgente
Martínez Bravo subrayó la necesidad de una “reflexión muy profunda” sobre la pobreza infantil, ya que representa “una pérdida de capital humano inmensa” que la sociedad “no puede permitirse”. “También desde el punto de vista económico, porque se pierde un tercio de las personas que no pueden desarrollar todo su talento y potencial”, añadió, destacando que la pobreza infantil reduce el PIB en un 5%. Por ello, instó a “pisar el acelerador” en la lucha contra esta problemática.
Aunque no detalló las medidas concretas, adelantó que la estrategia será presentada la próxima semana a los demás departamentos para su implementación en los “próximos meses”.
Reforma de la renta garantida de ciudadanía
Sobre la reforma de la renta garantida de ciudadanía, la consellera defendió la necesidad de que sea compatible con otros ingresos y de que se base en automatismos, interoperabilidad y revisiones trimestrales, además del uso de inteligencia artificial.
Martínez Bravo también señaló que el sistema de protección social tiene “deficiencias importantes”, ya que las ayudas “no llegan a todas las personas que tienen derecho a ellas”. Apuntó a carencias en las transferencias a familias vulnerables y abogó por un “sistema de prestaciones más sólido, justo y eficiente” que evite pagos indebidos, ya que “las consecuencias de tener que recuperarlos son devastadoras”.
No obstante, advirtió que un sistema que universalice las ayudas “no es viable” con los ingresos fiscales actuales en Catalunya y España. Por ello, abogó por abordar las deficiencias “mejorándolas paso a paso”.
Equiparación salarial en el sector social
En cuanto a la equiparación salarial en el sector social, Martínez Bravo informó de que se ha encargado un estudio para abordarlo con “rigor”, cuyos resultados se esperan para el verano. Este análisis permitirá definir un calendario y cuantificar el esfuerzo necesario para lograr dicha equiparación.
Ante la “fuga de talento” del sector social hacia otros ámbitos con mejores salarios, la consellera afirmó que la equiparación salarial debe ser “uno de los objetivos” de esta legislatura.
Por su parte, el director de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, denunció que la burocracia “asfixia” a las entidades del tercer sector y lamentó la escasez de subvenciones. También reivindicó el papel de estas organizaciones como intermediarias para que las personas más vulnerables hagan llegar sus demandas a las administraciones.
