Este jueves 3 de abril entra en vigor la Ley Orgánica de Eficiencia que introduce unos cambios muy significativos a la hora de presentar una demanda en los procesos civiles y mercantiles. Previamente, y de forma obligatoria –se establecen una serie de excepciones–, las partes tendrán que someterse a un proceso de mediación. En caso de no materializarse podría conllevar que dicha demanda fuera desestimada por los Juzgados o bien que se condene a costas, apuntaba este miércoles el decano del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), David Rocamora, en la presentación de los 100 primeros días de la Junta de Govern de la institución colegial.
Para llevar a la práctica este intento de llegar a un acuerdo hay diferentes vías. El decano destacó que esta mediación, hasta ahora, era una práctica «habitual» aunque no obligatoria, como lo pasará a ser desde mañana. Ya existía la figura del mediador que, como su nombre indica, intenta que las partes vayan acercando posiciones.
Los mediadores pueden ser abogados, pero también procuradores, notarios, registradores de la propiedad, etc.
Pero ahora se añade otra figura: la del conciliador. El propone a las partes un acuerdo concreto. En este caso, un conciliador puede ser cualquier persona que haya pasado por el Centre de Mediació de Catalunya.
Rocamora destacó que estos cambios han obligado al colegio a preparar los servicios del turno de oficio para el MASC (Método Alternativo de Resolución de Conflictos). Concretamente, ese han apuntado 57 letrados para hacer de conciliadores, prácticamente todos los que estaban ya en el turno de oficio para temas civiles.
Ya existe una tercera figura: la del abogado colaborativo, que se compromete a no presentar un pleito, negociando, acudiendo a mediación, e, incluso, cuando sea necesario, como puede ser en el ámbito del conflicto de familia, a otros profesionales como psicólogos, educadores o trabajadores sociales. Y en el caso de no conseguir un acuerdo y el caso llega a los tribunales, ellos se apartan de la causa.
La medida persigue principalmente una reducción de la litigiosidad, fomentando la resolución de los conflictos a través de acuerdos extrajudiciales.
Pero esta reducción en la litigiosidad comportará, según el decano de los abogados, una mayor conflictividad de los pleitos. Para el colectivo de los abogados, la medida se ha recibido con «reserva», al igual que los cambios anteriores, aunque después con el paso las han avalado.
Confidencialidad
Tanto el proceso de negociación como también la documentación usada en el mismo son confidenciales, no así la información relativa a si las partes acudieron o no al intento de negociación previa y al objeto de la controversia. Por ello, no podrán aportarse como prueba los documentos empleados en la negociación o las propuestas formuladas por cualquiera de las partes. Esta confidencialidad no será de aplicación en la fase de tasación de costas del procedimiento en cuestión –tras la firmeza de la sentencia–.
La ley que entra en vigor este jueves recoge una serie de excepciones en cuando a su aplicación. En la lista están los asuntos en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público, procedimientos sobre materias indisponibles y para la tutela civil de derechos fundamentales, medidas cautelares, diligencias preliminares, demandas ejecutivas, juicios cambiarios, proceso monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantía, expedientes de jurisdicción voluntaria, algunos juicios sumarios sobre la posesión o la demolición o derribo de una obra u objeto en estado de ruina; procedimientos de filiación, paternidad y maternidad, y diversas medidas de protección y apoyo a menores y personas con discapacidad.
Inteligencia artificial
Por otra parte, el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ha puesto a disposición de todos los colegiados la inteligencia artificial, una decisión de la anterior junta. De esta manera, apuntaba Rocamora, «se garantiza el acceso de esta herramienta a todos los colegiados en términos de igualdad».
Y ponía como ejemplo que servirá para una gestión más rápida de determinados procesos de reclamación que están estandarizados, como los juicios monitorios por no pagar la cuota de la comunidad.
Otras cuestiones destacadas por el decano –que estaba acompañado por la vicedecana Anna Vallvé– de estos 100 días en el gobierno del colegio en la mejora de la relación con los Serveis Territorials de Justícia en relación al futuro Fòrum de la Justícia, donde el ICAT dispondrá de un espacio «suficiente» de unos 100 metros cuadrados, más un zona adicional para dejar las togas, todo ello en la planta baja, a la entrada del edificio.
Rebaja de cuotas
También se han rebajado las cuotas a los nuevos abogados teniendo en cuenta que en los tres primeros años no pueden inscribirse en el turno de oficio, pero con el compromiso de hacerlo después. También se ha bonificado las cuotas a los mayores de 60 años.
Por otra parte, se ha ampliado el horario de las oficinas y se redacta el reglamento de amparo de los abogados en el caso de abusos judiciales y policiales. También se apuesta por la formación continuada, por ejemplo con charlas no solamente de novedades legislativas sino por ejemplo cómo se tiene que actuar en una audiencia previa.
El colegio ha puesto en marcha la comisión de cultura, que pretende, aparte de la presentación de libros –ya se ha hecho en dos–, quiere «aportar elementos de reflexión y abrir el colegio a la sociedad»
En este sentido, después hablar con los mediadores culturales, se harán charlas y coloquios en los barros con temas que preocupen a la ciudadanía, como por ejemplo la violencia intrafamiliar.
