La evolución del precio del barril de petróleo está siendo tan descendente que su cotización va a servir en bandeja al Gobierno la posibilidad de restringir la bonificación del combustible, que lleva aplicando desde abril, y cuya finalización está prevista para el 31 de diciembre. Con el Brent en el entorno de los 80 dólares por barril, el precio de los combustibles ya se encuentra por debajo del nivel que mostraban a finales de marzo, cuando el Ejecutivo incluyó la bonificación de 20 céntimos por euro de litro repostado por parte de cualquier conductor.
Ante esta coyuntura, y sin que por ahora haya previsiones de que el petróleo pueda escalar hasta los niveles en los que llegó a situarse en plenas vacaciones de verano, por encima de los 120 dólares, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad cada vez más certera de recortar la ayuda al combustible. De hecho, el precio del diésel se encuentra en estos momentos en los 1,66 euros por litro. Se trata del mismo coste que tenía el gasóleo de automoción a principios de marzo. Y se encuentra ya lejos de los 1,85 euros que tenía cuando comenzó a aplicarse la bonificación, así como de los 2,10 euros que llegó a costar en junio. Prácticamente lo mismo ocurre con la gasolina 95: su precio se encuentra ahora en los 1,59 euros por litro, frente a los más de 1,80 euros de abril o los más de dos euros del verano, según las últimas referencias del Boletín Petrolífero de la UE.
Ante esta coyuntura, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizó por dónde irá la decisión final: «Faltan muy poquitos días para conocer en qué va a consistir el nuevo decreto ley» que recogerá las medidas, detalló Montero en Cáceres. «Mientras la situación de alza de precios persistiera, el Gobierno iba a tomar medidas para aliviar a las economías domésticas y a las empresas», señaló. Ahora «estamos ultimando» el nuevo paquete, en función de cómo se comporte el precio de la energía y el precio del barril del petróleo. «Todo para ver si prorrogamos las medidas o la sustituimos por otras», añadió.
También la vicepresdienta económica, Nadia Calviño, vinculó la prórroga a la evolución de los precios y abrió la puerta a «centrarlo en los sectores que se pueden ver más afectados», entre los que mencionó el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. «Lo que estamos viendo es si se puede eliminar para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria», explicó Calviño, quien ayer acudió a la entrega de Premios ATA 2022. Consideró que es una medida controvertida por su impacto fiscal y por beneficiar a quien tiene coche y no a las clases más vulnerables, y aludió a la «dificultad» de adecuarla a los niveles de renta.
