Son una treintena de casas que nada más estar acabadas fueron vandalizadas y ocupadas. Hace años que algunas son conflictivas y generan inseguridad en la zona de Coma-ruga y entre los padres de alumnos del colegio que hay enfrente.
En muchos años no se ha logrado una solución para las ocupaciones delincuenciales en ese conjunto de casas que se construyeron como viviendas de calidad y con piscina comunitaria.
El grupo de Primàries, en la oposición, insta al gobierno local a acogerse a la modificación de la Ley que permite a los ayuntamientos actuar ante la justicia en el caso de ocupaciones de grandes propietarios que generen problemas de convivencia vecinal.
Evitar nuevas ocupaciones
Primàries presentará una moción en el pleno para pedir que el Ayuntamiento acuda al juzgado e inste a «la desocupación de las 26 viviendas» y que «se impidan nuevas ocupaciones y estudie la posibilidad de destinarlas a viviendas sociales».
Esa acción municipal sin embargo no es fácil ya que la Ley del Parlament señala que los ayuntamientos pueden actuar para la desocupación conflictiva en el caso que la propiedad sea de un gran tenedor que no haya iniciado un proceso en este sentido.
En Coma-ruga, el propietario es un gran tenedor como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Pero ha iniciado un proceso para intentar vaciar las viviendas, con lo que podría inhabilitar la acción municipal.
El concejal de Primàries, Josep Maria Llasat, plantea que el consistorio presione para agilizar la acción judicial e incluso que la Sareb retire su causa para facilitar la acción del Ayuntamiento.
Vivienda social
De seguir la vía municipal, una vez la justicia avala el desalojo, las viviendas deben ser cedidas al consistorio para un uso social por siete años. Esa exigencia hace que parezca difícil que la Sareb renuncie a su vía ya que puede obtener una rentabilidad por las casas en caso de vender el conjunto. De hecho, según explican al ‘Diari’ desde el consistorio, diversos inversores han preguntado por la situación del complejo.
El alcalde, Kennet Martínez, explicó que el Ayuntamiento ha facilitado a la Sareb informes de las actuaciones policiales en el conjunto por peleas, desordenes e incluso incendios. También de las quejas de los vecinos.
En todo caso de ser el Ayuntamiento quien actúe contra las ocupaciones ilegales de grandes tenedores debe acreditar la situación de conflictividad y de alteraciones del orden. Pero el alcalde señala que la propiedad no está haciendo dejación.
Primàries pel Vendrell señala que las ocupaciones delincienciales «son un grave problema que hacen la vida imposible para los vecinos que la sufren». Y lamenta que muchos grandes tenedores con viviendas ocupadas delincuencialmente «no hacen nada porque son propiedad de entidades financieras, fondos de inversión o la Sareb que no actúan judicialmente y se desentienden de los problemas que generan estas ocupaciones».
Dura años
Pero la modificación de la Ley que facilita la acción de los ayuntamientos para esos desalojos es una posibilidad, según Primàries, para solucionar una situación que ya dura muchos años.
Para el partido en la oposición se lograrían dos objetivos. Por un lado poner fin a la conflictividad en la zona y por otro ganar vivienda social con los inmuebles recuperados.
La Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del colegio y guardería que hay frente al conjunto de viviendas ocupadas ha iniciado una recogida de firmas para reclamar soluciones. Por eso el portavoz de Primàries señala que el Ayuntamiento debe instar a agilizar la solución.
El conjunto
Otra de las dificultades es que en el caso de las viviendas de Coma-ruga debe lograrse un desalojo de las 26 viviendas, lo que hasta ahora no es posible y debe realizarse una a una, Ese procedimiento, además de lento no es efectivo ya que cuando logra vaciarse una casa en pocos días vuelve a estar ocupada.
De lograrse la vía municipal, las viviendas deben ser para uso social durante 7 años
Según explica el Ayuntamiento, la Sareb estaría intentando un desalojo de todo el conjunto por lo que no habría hecho dejación de su propiedad y estaría intentando una solución. De lograrla facilitaría una posible venta. Pero debe lograrse demostrar una conflictividad del conjunto.
El alcalde Kenneth Martínez, señala que la propietaria de las casas, desde que ha tomado posesión, ha impulsado solicitudes de desalojo, por lo que no habría inacción contra la ocupación conflictiva.
La reforma de la Ley ya se planteó para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal.
Salud pública
El Ayuntamiento, con autorización de la propiedad, impulsa un saneamiento por motivos de salubridad del subterráneo que iba a ser el aparcamiento de las viviendas. El agua residual se acumula allí desde hace años, lo que supone un riesgo para la salud.
Pero en el caso de lograr un desalojo también debe tenerse en cuenta que hay personas instaladas en las casas que no son conflictivas por lo habría que facilitar una solución habitacional y en El Vendrell no hay suficiente vivienda para esos casos.
