El Govern ha reiterado que está “absolutamente comprometido” con volver a regular la obligatoriedad de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler social a las familias vulnerables, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular parcialmente la ley catalana de vivienda de 2022.
En una atención a los medios desde Tarragona, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reafirmado que la figura del alquiler social es “absolutamente necesaria” ya que, desde la aprobación de la ley hasta ahora, más de 3.000 familias se han beneficiado de ello. “En el fondo y en la naturaleza de la regulación estamos totalmente comprometidos, pero debemos buscar la manera más blindada y segura jurídicamente”, ha declarado la también portavoz del Gobierno.
Por otro lado, ha afirmado que el aval del Tribunal Constitucional a la cesión obligatoria de viviendas vacías por más de dos años “permitirá desarrollar una nueva regulación” con mayor seguridad jurídica.