La Oficina Antifrau alerta al Ayuntamiento de Tarragona de que el posible despido del gerente de Tarragona Ràdio puede tener consecuencias legales. Según avanza el Diari Ara y confirma el Diari, el organismo autonómico ha comunicado ya en dos ocasiones al consistorio –primero el 6 de octubre y, posteriormente, el 14 de noviembre– que el alto cargo municipal está acreditado como «informante de corrupción», por lo que su puesto de trabajo está garantizado en virtud de la ley 2/2023 aprobada el pasado mes de febrero, que pretende proteger a los informantes de presuntas actividades no amparadas por la legislación.
En otoño de 2021, el consejo de administración de la Empresa de Mitjans de Comunicació –con Xavier de Gispert en la gerencia y Paula Varas (ERC) en la presidencia– avaló entregar al fiscal un informe en el que se detallaban un total de 238 facturas abonadas por un valor global de 800.000 euros entre 2009 y 2019 a entidades, empresas y restaurantes por actividades que los letrados firmantes del análisis consideraron «ajenas a la compañía» y que la entonces presidenta de la compañía municipal definió como de «subvenciones encubiertas y pagos fantasma o injustificados».
El 10 noviembre, la presidenta anunció a los trabajadores la voluntad de cesar al directivo
De hecho, según ha confirmado este periódico, el juez que investiga la posible usurpación de identidad del anterior gerente –Josep Maria Bonet– ha solicitado a la empresa que le entregue este informe.
Alerta «preventiva»
Paralelamente, este jueves los abogados del gerente enviaron una carta a los miembros del consejo de administración de Tarragona Ràdio, alertándoles «como medida preventiva» de que «por su seguridad jurídica» informen a la Oficina de «cualquier acuerdo, decisión o actuación relacionada» sobre «posibles actos administrativos o instrucciones de servicio que se dicten» y que «puedan afectar a la esfera laboral» de De Gispert.
En varias ocasiones desde el pasado mes de junio ha trascendido públicamente que la voluntad del consistorio es despedir al gerente. De hecho, así lo hizo saber la presidencia de la empresa a los trabajadores en una reunión del pasado 10 de noviembre. En este sentido, sin embargo, la ley 2/2023 indica que el objetivo de la normativa es «otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones de infracciones».
De hecho, en el artículo 35 especifica que «se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia» contra las personas protegidas, recalcando que, como represalia, se entiende la «suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral».
El Diari ha intentado conocer la opinión del gobierno municipal al respecto de la comunicación realizada tanto por parte de la Oficina Antifrau como de los abogados del gerente, pero las fuentes consultadas rechazan realizar cualquier tipo de declaración pública.