No hay vuelta atrás. A partir del 1 de enero del año que viene, el centro de Tarragona se convertirá en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde los vehículos más contaminantes verán como poco a poco se limita su capacidad de movimiento. Que nadie se asuste. Los que tengan un coche viejo –según el Ayuntamiento, un 30% del parque móvil no tiene distintivo ambiental– no se verán obligados a comprarse uno nuevo.
La entrada en funcionamiento será progresiva y la nueva ordenanza que está redactando el Gobierno municipal prevé que no será hasta 2027 cuando los residentes empadronados en este ámbito verán limitada su capacidad de movimiento.
Cuando los estudios demuestran que el transporte está detrás de entre un 25 y un 30% de los gases de efecto invernadero, uno se da cuenta de que vamos tarde. Muy tarde. «Todo lo que sea para reducir la contaminación está bien, pero antes que una ZBE deberían ponerse más puntos de carga para vehículos eléctricos o bonificaciones para sustituir el parque actual. No estamos preparados», dice Juan Miguel Barragán, de la Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona.
Es incomprensible que desde 2017 TGN esté sin un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Por su parte, desde la cooperativa L’Escamot, su portavoz, Pedro Redondo, afirma que «nos falta mucha información». Esta entidad, que trabaja en el ámbito de la movilidad activa y sostenible, es uno de los participantes del Consell de Mobilitat Municipal. Este es el marco en el que se está debatiendo el futuro Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). «En la última reunión no nos explicaron nada de todo esto. Lo que sabemos ha sido a través de los medios», dice.
Que Tarragona esté desde 2017 sin un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) es una cosa incomprensible. Más aún cuando en estos últimos años la movilidad ha sido un motor de transformación de las ciudades, del que algunos alcaldes han hecho su bandera.
Aquí las decisiones se han tomado en función del nivel de compromiso político, del partido que ha gobernado en cada momento, sin una hoja de ruta clara.
Poner orden
El PMUS debe venir a poner orden sobre los carriles bici, el papel del vehículo privado, los puntos críticos de seguridad vial o el futuro del transporte público. Que una transformación de calado, como debe ser la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, se haya tenido que ‘improvisar’ porque es obligatorio por ley no exime a la administración pública de sus responsabilidades.
«No sé si a las otras ciudades que lo han hecho les ha supuesto un beneficio a nivel comercial o no. Cualquier cambio que implique una mejora a nivel de contaminación será beneficioso, pero no tan solo tiene que comportar un esfuerzo de cara a la ciudadanía, sino que el Ayuntamiento y toda la parte pública son los que deben tirar del carro», afirma la presidenta de la Via T, Raquel Pizarro.
¿Mejorará la calidad del aire la Zona de Bajas Emisiones? Su implantación irá acompañada de sensores, que harán mediciones de los principales gases, por lo que será fácil saberlo. Estos son los que determinarán si las medidas van en la buena dirección o si la normativa es demasiado laxa. No obstante, los tarraconenses no pueden ser los únicos que deben pagar la fiesta.
¿Qué hará el Ayuntamiento por su parte? ¿La renovación de la flota de autobuses avanza hacia el hidrógeno o la electricidad? ¿La bicicleta pasará a ser una apuesta de una vez por todas, con una red de carriles bici con cara y ojos? ¿Seguiremos queriendo no saber el aire que respiramos, no sea que haya algún sector que se moleste? ¿O es que los coches son los únicos que generan emisiones?
