Dieciocho años después, el Ayuntamiento de La Secuita ha ganado la batalla del agua. La lucha no ha sido en igualdad de condiciones y este municipio de menos de 1.800 habitantes se ha enfrentado a un rival de talla como es el gestor de infraestructuras Adif. Incluso el Estado ha maniobrado en contra de los intereses de esta localidad del Tarragonès. Sin embargo, ahora una sentencia de la Audiencia Nacional da la razón al recurso contencioso-administrativo interpuesto por este Ayuntamiento y Adif deberá cumplir con los compromisos adquiridos en 2006, cuando se inauguró la estación de alta velocidad.
El abogado del Ayuntamiento de La Secuita, Eusebi Campdepadrós, afirma que esta resolución judicial «crea precedente» ya que demuestra que «el Estado ha actuado con falta de lealtad institucional», después que en 2015 modificó la ley de régimen jurídico del sector público, que dejaba en agua de borrajas todos los convenios con la administración que no se habían renovado.
Para entender este embrollo hay que retroceder hasta 2006. Tras meses de negociaciones, el 15 de diciembre de este año se firmó un convenio de colaboración entre Adif y los Ayuntamientos de La Secuita y Perafort, mediante el cual se establecían distintos compromisos alrededor de la nueva estación de alta velocidad, que se inauguraba cuatro días después.
Entre los compromisos se abordaba el suministro de agua de la estación, teniendo en cuenta que en este municipio siempre ha habido una preocupación por este tema. La Secuita era socia del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), pero no estaba conectada a la canalización del agua del Ebre, sino que se abastece mediante pozos que llenan los depósitos, por lo que «había una preocupación que en verano tuviéramos problemas de suministro», indica el alcalde de este municipio, Eudald Roca.
La empresa pública estatal no ha cumplido el convenio con el Ayuntamiento de 2006
Inicialmente la terminal ferroviaria inició su actividad abasteciéndose mediante un ramal provisional. Pese a ello, en aquellos momentos en el territorio se hablaba sobre los lodos que habían contaminado el embalse de Flix y los alcaldes quisieron dejar bien ligada esta cuestión, con la firma de este convenio con los derechos y obligaciones de cada una de las partes.
El documento establecía que Adif se comprometía en «llevar a cabo las actuaciones oportunas para la redacción del proyecto de suministro de aguas desde el punto de acometida señalado por el CAT en conformidad con el Ayuntamiento».
El objetivo era que a través de esta conexión se facilitara el suministro de agua a la estación de Camp de Tarragona durante los meses de julio y agosto, así como en los casos de incidencia técnica.
Los compromisos
Adif redactaba el proyecto, mientras que el segundo punto del convenio entraba a detallar las obligaciones de cada una de las partes. Así, la empresa pública estatal asumía la construcción de la conducción de la parte común troncal, necesaria tanto para el abastecimiento de la terminal ferroviaria como del municipio. Por su parte, cada organismo debía asumir el coste de su correspondiente tramo. Así, Adif, se encargaba del enlace con la estación, mientras que la administración local asumía la acometida desde la parte común troncal hasta el núcleo urbano.
«Era un win-win para todos ya que si el CAT cerraba el grifo por contaminación, La Secuita garantizaba que pudiera restablecerse el suministro de agua potable», indica Roca. El proyecto no llegó a redactarse, no obstante, una primera estimación de los costes fijaba la inversión en cerca de un millón de euros, ya que la nueva canalización tan solo debía cubrir unos cuatro kilómetros de longitud.
La obra no llegó a realizarse nunca. De hecho, en 2010 Adif justificó que nuevas circunstancias hacían innecesaria esta conexión, ya que el suministro ya estaba garantizado también desde el CAT mediante otra vía. No obstante, durante todos estos años el Ayuntamiento de La Secuita no ha cesado en su empeño para que se cumpliera el acuerdo firmado en 2006.
Revés del Estado
Este podría haber caído por el camino cuando desde el Ejecutivo Central se promovió una reforma de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según la cual todos los convenios que se habían firmado dejarían de estar en vigor en un periodo de cuatro años si nadie decía lo contrario.
«Estamos hablando de una cantidad que representa el chocolate del loro de unos Presupuestos»
«Adif nos mandó una documentación para que el Ayuntamiento la firmara de mutuo acuerdo, dando por finalizado el convenio», indica Roca. Pero los compromisos no se habían cumplido, así que la administración local en lugar de firmar presentó una demanda judicial delante de la Audiencia Nacional antes de que finalizara el plazo.
Durante estos años se han mantenido conversaciones a tres bandas para intentar desencallar el tema. Asimismo, los alcaldes se han reunido con todos los ministros de Transportes para desencallar el tema. Una presión que también se ejerció por parte del exsenador republicano Josep Rufà, quien interpeló tanto a los ministros Iñigo de la Serna (PP) como José Luis Ábalos (exPSOE) sobre al respecto.
«Ahora supongo que valdrá el doble, pero estamos hablando de una cantidad que representa el chocolate del loro de unos Presupuestos Generales del Estado», indica Josep Rufà, quien asegura que tanto el PP como el PSOE cuando han gobernado en Madrid han mantenido la misma actitud de «intentar torear» al Ayuntamiento en este tema.
Finalmente, el pasado día 16 de julio llegó la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional. Esta condena a Adif al «cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del convenio firmado», después que un informe de la Abogacía del Estado ya se había pronunciado a favor de este municipio.
«Es otra muestra de la deslealtad permanente del Estado hacia el resto de administraciones»
La sentencia, que no reconoce las costas, es susceptible a un recurso de casación por parte de Adif. El ente gestor de infraestructuras tiene de plazo hasta el 5 de septiembre para acudir al Tribunal Supremo si quiere intentar una nueva maniobra para evitar la ejecución de los trabajos. «Cuando tengamos sentencia firme haremos un requerimiento al ministerio para que se incluya en los presupuestos del año que viene, de lo contrario levantaremos la mano», indica el abogado Ramon Maria Sans.
Los demandantes dicen que no confían en que «haya una ejecución de sentencia pacífica» después de todo lo que ha pasado hasta el momento. «Es una nueva prueba de que como administración no puedes confiar en el Estado ni en ninguna de sus promesas, lo que acaba generando una inseguridad jurídica muy importante», dice el máximo representante de La Secuita.
Al equipo que ha liderado esta batalla les ha quedado grabada en la memoria la intervención del ministro Iñigo de la Serna en la que preguntado sobre al respecto afirmó: «Como un Ayuntamiento pequeño se va a querellar contra nosotros». David ha ganado la batalla a Goliat.