La junta del Reial Club Nàutic de Tarragona deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona para esclarecer si se ha cometido un delito en la toma de decisiones referentes al proyecto de mejora de las instalaciones del Port Esportiu. En concreto, el juez apunta a tres presuntos delitos como son el de insolvencia punible, administración desleal y delito societario, teniendo en cuenta que desde julio de 2020 esta entidad –que posee el 55,665% del accionariado– es «administradora única» del Nàutic Tarragona SA y, por tanto, «no tenía que rendir cuentas ante el consejo de administración».
El pasado 5 de julio, el juez admitía a trámite la querella criminal presentada el 26 de abril por la Associació d’Amarristes del Port Esportiu de Tarragona, que posee el 5,57% de las acciones de la sociedad Nàutic Tarragona SA.
El auto del magistrado Vicente José Marínez Parda llama a declarar a partir del martes 18 de octubre a nueve personas. Es el caso de Andrea Tamara Mazzanti, presidenta del Reial Club Nàutic Tarragona; Isabel Milagros Juan Gomez y Maria Salud Muñoz del Burgo, que ostentaron la presidencia del consejo de administración cuando se sucedieron los hechos; Misericordia Vilallonga Olesti, vicepresidenta de la entidad; Gloria Queral Salvat, secretaria; David Pino Mier, vocal de relaciones institucionales; Lucia Calleja Baciero, delegada de material y mantenimiento; Josep Torrell Gil, tesorero; y Josep Maria Martorell Torné, delegado de remo.
La causa hace referencia al conflicto entre ambas partes en relación al proyecto de mejora de las instalaciones para renovar su concesión administrativa, cuya finalización está prevista para el año 2024. Para optar a una ampliación de este contrato para otros doce años, Nàutic Tarragona SA encargó en 2016 la redacción del proyecto a la ingeniería Idom. Así lo acordó el consejo de administración, en el que se informó que los costes de inversión serían de 3,5 millones de euros, de los cuales el 60% iban a infraestructuras y el 40% restante a imagen. Sin embargo, en febrero de 2019 hubo un relevo en la presidencia del Reial Club Nàutic de Tarragona y Andrea Mazzanti asumía el cargo, en sustitución de Manuel Francisco Cremades Ripoll.
En aquellos momentos decidió ‘suspenderse’ la tramitación del anterior proyecto y los querellados aseguran que la nueva junta tomó una serie de acuerdos «sin someterlos al órgano de administración del Nàutic Tarragona SA, es decir, a su consejo de administración». Entre las decisiones que se adoptaron, se encargó la redacción de un nuevo proyecto, por el que se pagaron 40.000 euros, sin darlo a conocer al resto de socios que forman parte de la sociedad mercantil. Este nuevo proyecto lo redactó la Enginyeria Reventós SL y, en este caso, la inversión propuesta ascendía a 4.710.000 euros, lo que representa un incremento del 34,1% respecto al primer proyecto.
En la querella a la cual ha tenido acceso este rotativo, los amarristas denuncian «la falta de información por parte del socio mayoritario, quien estaba tomando decisiones como si fuere el propio consejo». También afirman que el club actúa de forma «parca» y con «escaso conocimiento». Asimismo, defienden que las actuaciones que se han llevado a cabo responden a un «delito de administración desleal» por parte de la entidad deportiva, que desde julio de 2020 consta como administrador único de la sociedad.
En segundo lugar, los denunciantes afirman que los cambios realizados en el nuevo proyecto «responden a un interés único y particular del socio mayoritario» que sale «beneficiado» de los cambios propuestos, como es la optimización de las instalaciones de la gasolinera, una nueva pista de pádel o el cambio en la ubicación de la nueva zona deportiva para la vela.
Finalmente, se apunta a la difícil situación financiera y económica del Nàutic Tarragona SA que, según se afirma, podría estar es una situación de «insolvencia actual o inminente» a causa de «la actuación de su órgano de administración». La deuda del socio mayoritario a la empresa asciende a 120.000 euros.
El pasado mes de febrero se celebró una junta general extraordinaria en la que se abordó esta cuestión, entre otros aspectos económicos. A raíz de la información que se presentó se apunta que «si no fuera por las medidas legales adoptadas por razón de la pandemia de la Covid, por las que se deja sin efecto el contenido del artículo 363.1 d) de la Ley de Sociedades de Capital, la entidad Nàutic Tarragona SA debería disolverse ya, sin poder seguir con su actividad empresarial una vez aprobadas las cuentas del ejercicio 2021». El patrimonio neto es inferior al 50% del capital social, el fondo de maniobra es «negativo» y los déficits de tesorería para los ejercicios de 2022 a 2024 ascienden a más de 5 millones de euros.
El pasado 27 de junio se celebró una segunda junta extraordinaria para aprobar las cuentas del año pasado y dar a conocer el informe del administrador. En este se asegura que «las pérdidas del presente ejercicio, en el fondo, tienen su origen en tres circunstancias fundamentales: la imposibilidad de generar más recursos, la incapacidad de gestionar más eficientemente los activos y los costes extraordinarios sin posibilidad de repercusión». Ante estas afirmaciones, la Associació d’Amarristes considera que «sería preciso que los responsables de la sociedad pensaran en apartarse ya que salta a la vista que no están capacitados para revertir tal situación». En las votaciones de esta última junta, el Reial Club Nàutic se quedó solo en todas las votaciones, e incluso la Autoritat Portuària de Tarragona votó en contra.