Entre enero y junio de este 2023, se han producido en Tarragona un total de 350 desahucios –68 por impago de hipoteca, 236 por alquiler y 46 por otros motivos–. Son más de trece lanzamientos cada semana. Si bien es cierto que el total ha caído un 35,4% en comparación con el mismo período de 2022, los sindicatos temen que haya una ola de desalojos en el momento en que finalice la moratoria que se aprobó con el ‘escudo social’ y que ha ido prorrogándose en el tiempo.
En principio, se prevé que la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler de hogares vulnerables finalice el próximo día 31 de diciembre. Esta medida no contempla los desahucios por impago de hipoteca. No obstante, la otra moratoria, que seguirá vigente hasta el mes de mayo de 2024, sí que regula las ejecuciones hipotecarias a familias vulnerables afectadas por la subida del euríbor.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Reus, Sandra Casanova, advierte de que están a la expectativa de lo que suceda: «Hay miles de hogares que están en la cuerda floja; nosotros tenemos a una familia a la que ahora en noviembre se le termina el año tácito, está pagando todos los meses el alquiler, tiene derecho a la renovación, pero no hay forma, no hay manera». «Nosotras nos hemos encontrado casos, en poblaciones de la demarcación, de personas vulnerables que acuden al juzgado con su certificado de vulnerabilidad y el juez les dice que no son vulnerables», añade.
La mayor parte de los desalojos –un 67,4%– se producen a causa de impagos de alquiler
Por otra parte, Fina Sánchez, portavoz de la PAH de Tarragona, narra el caso de una familia que acudió a la plataforma: «Tienen una situación muy muy vulnerable; conseguimos parar una orden de lanzamiento que tenían para el seis de octubre gracias a la moratoria».
«Prevemos que, cuando acaben estas medidas, va a haber una avalancha si el Gobierno no la pospone seis meses más, en cualquier caso, esto es prolongar el miedo y la incertidumbre de familias que viven en la miseria», añade.
En la misma línea, Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas, argumenta que «Catalunya sigue encabezando el ranking de desahucios y las reclamaciones de las organizaciones de inquilinos son claves para evitar una nueva ola, que se prevé dura, en un contexto de inflación disparada y con un aumento generalizado de los precios y de los impuestos».
Lo que sí que parece claro es que las medidas de urgencia adoptadas a causa de la crisis económica han surtido algo de efecto, si bien no han acabado con la lacra de las ejecuciones. Resta ver si las moratorias se mantendrán o si, por contra, desaparecerán.