La Comisión Europea sacrificará a los pescadores de arrastre del Mediterráneo en el altar de la sostenibilidad ecológica, pero no en el sentido que se ha proclamado en las negociaciones de Bruselas sobre el nuevo plan pesquero para 2025. El culto a la ecología es idea dominante en Bruselas, pues el movimiento ecologista, fuerte en la Europa continental, puede frustrar grandes operaciones y buenos negocios, que van desde un nuevo aeropuerto en Notre-Dame des Landes, en Francia, hasta el acuerdo con el Mercosur, que amplía la capacidad comercial europea hasta 700 millones de personas y una cuarta parte de la riqueza global. ¿Qué son, en comparación, los 570 barcos arrastreros del Mediterráneo peninsular de los que viven unas 17.000 familias? Calderilla. De ahí las políticas draconianas y el desprecio por el sector pesquero de la Comisión.
El reciente acuerdo alcanzado tras más de 30 horas de negociación no es más que una comedia en la que han participado los ministros de los Estados miembros, que han preferido protagonizar esa farsa antes que mirar de cara a los pescadores y a sus familias y decirles la verdad: que son moneda de cambio de otros intereses. Es lógica la indignación de los pescadores ante las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea, que implican una inversión grande para un sector que ya lleva años asfixiado. El acuerdo mantiene la reducción brutal del 79% en los días de pesca, limitando la faena a 27 días al año. Aunque contempla una ampliación a 130 días mediante el cumplimiento de estrictas medidas compensatorias, estas exigen más sacrificios de un sector que ya lo ha dado todo. Son requerimientos que suenan razonables en teoría, pero en la práctica son una condena a muerte. Lo más preocupante es que este plan no es nuevo. Desde 2019, la Comisión Europea tiene como objetivo eliminar gradualmente la pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental. La reducción de días de faena, las nuevas vedas y las restricciones de capturas han sido solo el preludio de un funeral. El acuerdo, en el mejor de los casos, apenas pospone un año lo inevitable. El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, el ministro español del ramo, Luis Planas, y el conseller Òscar Ordeig deberían tener el temple y la valentía de decir la verdad a los pescadores.