El Caso Parc Central, sobre un presunto pelotazo urbanístico en las obras de construcción del complejo comercial Parc Central, llegará a juicio con toda seguridad. Algunas de las defensas no están dispuestas a llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que evite tener que celebrarse una vista oral durante un mes.
Consideran que llegar a este pacto sobre las penas supone reconocer que cometieron un delito. Así se recoge en los escritos que los letrados defensores han hecho llegar y que obran en la causa que está en manos de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, en respuesta a las acusaciones que recoge la Fiscalía en su escrito de acusación.
Uno de los escritos que figura en el sumario es el del único político –ya retirado de la vida pública– que figura en el listado de investigados: Àngel Fernández, exconcejal de Urbanisme en la etapa de Joan Miquel Nadal como alcalde.
En el documento se recuerda que los hechos descritos por la Fiscalía tienen su inicio en 1984 con la aprobación de la revisión y adaptación del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) durante el mandato del PSC.
Continuó con la aprobación del Pla Especial de Reforma Interior del Gas (PERI 6) en el pleno del 9 de febrero de 1988, también con alcalde socialista y con el voto en contra de CiU, que por entonces estaba en la oposición. Y fue en 1973 cuando el terreno fue calificado como urbano.
En la primera revisión del POUM que se inició en 1979, con gobierno municipal socialista, se consolidó la calificación de centros comerciales. Y en la segunda revisión, en 1984, con el mismo equipo de gobierno socialista, se mantuvo la calificación.
Y finalizó en abril de 1991, después de muchas actuaciones administrativas descritas por la Fiscalía «en las que Àngel Fernández no tuvo ningún tipo de participación, ni posibilidad de ello».
En ninguna negociación
En este sentido, recalca que durante el periodo que va de 1984 al 23 de abril de 1991, Fernández no intervino en ninguna negociación para la firma del convenio urbanístico con la mercantil Contisa-Continente, ni negoció con esta compañía ni con Caprabo ningún acuerdo.
Durante dicho intervalo de tiempo, Fernández era el portavoz adjunto del grupo municipal de CiU, sin ninguna responsabilidad en materia urbanística. Tampoco tuvo intervención o participación ante la Comissió d’Equipaments Comercials, ya que quien defendió el convenio fue el alcalde Joan Miquel Nadal.
Sobre la participación del encausado en las sociedades Grupo Tarragona-Reus 91 e Invest Tarragona SL en su condición de administrador solidario en la primera y de presidente del consejo en la segunda, apunta que las mismas se constituyeron a iniciativa del entonces presidente de la Diputació, Josep Gomis, el 28 de enero de 1992 y 26 de marzo del mismo año, respectivamente, cuando Fernández todavía no había sido nombrado teniente de alcalde de Urbanisme.
En el momento en que el procesado entró a formar parte de los órganos de administración de dichas sociedades, él no tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Realizaba otras actividades empresariales. Y tras su nombramiento con competencias en urbanismo, dimitió de sus respectivos cargos en ambas empresas. Finalmente, las mismas fueron disueltas en 1993 «sin que ninguna llegara a realizar actividad alguna», tal como se recoge en el escrito de la Fiscalía.
También rechaza otra parte del escrito del Ministerio Fiscal en la que se indicaba que, el mismo día en que el arquitecto contratado por Metspor presentó la documentación al Ayuntamiento, el 13 de julio de 1992, Fernández la envió a la Comissió d’Urbanisme. El investigado recuerda que no fue él ya que entonces quien era teniente de alcalde de Urbanisme era Ramon Grau, y fue este quien firmó el escrito de remisión de la documentación.
Añade el escrito de defensa que cuando Àngel Fernández fue nombrado teniente de alcalde, las modificaciones del planeamiento urbanístico ya estaban aprobadas por el Ayuntamiento y el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
Sobre el convenio urbanístico con Erosmer Valencia, fue firmado por el alcalde Joan Miquel Nadal, que fue quien lo negoció, «y fue objeto de un informe de legalidad elaborado por el jefe de servicio de la Assessoria Jurística del Ayuntamiento».
Un convenio que no fue declarado por ninguna instancia como «irregular o ilegal».
Se señala también que Fernández no tenía ninguna necesidad de influir en alguno de los 17 concejales que votaron a favor puesto que la ratificación del convenido venía directamente propuesta por el equipo de gobierno, que tuvo 17 votos (CiU, PP y grupo mixto) y nueve en contra (PSC). Lo único que ‘reconoce’ es haber defendido el acuerdo «desde el punto de vista político, nunca técnico o de legalidad».
La licencia de obras
El 31 de julio de 1995, Àngel Fernández otorgó licencia municipal de obras para la construcción del centro comercial. Una licencia que había sido solicitada por Erosmer Valencia el 29 de julio de 1994. Y se otorgó condicionada a los requisitos técnicos que se detallaban en la misma y que se otorgó una vez realizados todos los tramites administrativos e informes técnicos necesarios para la concesión.
El escrito recalca que Fernández únicamente firmó el documento de la licencia, no el del permiso de obras, «una vez que la parte técnica y jurídica de la licencia estaba debidamente redactada por el personal técnico del Departament de Llicències». Y dicha licencia se condicionó a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, a su publicación y a la entrada en vigor del estudio de detalle y a la obtención de la licencia de actividad adecuada a las existencias técnicas que el Ayuntamiento impusiera, «como finalmente ocurrió». Y es que el otorgamiento de la licencia no suponía el permiso de obras.
También se incluyó el futuro permiso de obras de sometimiento de la observaciones señaladas por la Comissió Tècnica del Consell de Patrimoni Cultural. Recalca que se actuó correctamente y de acuerdo a la legislación vigente cuando se otorgó dicha licencia de obras.
Àngel Fernández cesó en el cargo de teniente de alcalde de Urbanisme el 13 de noviembre de 1995. Fue sustituido por el socialista Josep Anton Burgasé, quien designó como concejala delegada de Llicències a Roser Recasens.
En el banquillo seis acusados
La investigación del Caso Parc Central se centró en el supuesto tejemaneje en la compra –a través de intermediarios– y la recalificación de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense, además de la posterior construcción del complejo comercial.
Los hechos investigados se remontan a principios de los años 90, con la venta de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense por un valor total de 535 millones de las antiguas pesetas y su posterior venta a Erosmer– ahora Eroski– por 1.337 millones, lo que implica una plusvalía de 802 millones. Entre medio hay un entramado de diversas sociedades, algunas en paraísos fiscales, lo que complicó aún más la instrucción de la causa.
Durante los quince años que duraron las investigaciones se solicitaron cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Liechtenstein y otra a Andorra, todos ellos paraísos fiscales.
Se sentarán en el banquillo de acusados Àngel Fernández Gutiérrez, exconcejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona; Miquel Colàs i Piquer, empresario y exalcalde de Reus; Isidoro Prenafeta Pastor, presidente de la sociedad Tipel; Juan Carretero Muñoz, director financiero de Tipel; José Miguel Yubero Casanova, exdirectivo de Erosmer Ibérica; y Enric Llobet Royo, abogado y asesor.
Cinco de los seis procesados están acusados de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, mientras que el sexto investigado lo está por blanqueo de capitales. Las multas que se piden oscilan entre los 2.406.000 y 1.800.000 euros.
Una larga lista de testimonios
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha fijado prácticamente un mes –entre finales de septiembre y octubre del próximo año– para la celebración de la vista oral debido a la gran cantidad de testigos que han propuesto las diferentes partes –fiscal y defensas–. Entre estos estarán prácticamente todos los concejales que estaban presentes en el pleno del 20 de abril de 1993, en el que se ratificó el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y Erosmer Valencia SA para la ejecución del PERI del Gas. En la lista de convocados a declarar está también el exalcalde Joan Miquel Nadal.
También dos exgerentes del Departament d’Urbanisme, el expresidente de la Diputació Josep Gomis, y vocales de la Comissió Territorial d’Equipaments Comercials que participaron, el 28 de julio de 1993, en la reunión en la que se acordó emitir informe favorable a las solicitudes de informe preceptivo presentadas por las empresas Ibérica de Centros Comerciales SA y Erosmer Valencia SA para la implantación de un centro comercial en Tarragona.
La investigación del Caso Parc Central se centró en el supuesto tejemaneje en la compra –a través de intermediarios– y la recalificación de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense, además de la posterior construcción del complejo comercial.
Los hechos investigados se remontan a principios de los años 90, con la venta de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense por un valor total de 535 millones de las antiguas pesetas y su posterior venta a Erosmer– ahora Eroski– por 1.337 millones, lo que implica una plusvalía de 802 millones. Entre medio hay un entramado de diversas sociedades, algunas en paraísos fiscales, lo que complicó aún más la instrucción de la causa.
Durante los quince años que duraron las investigaciones se solicitaron cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Liechtenstein y otra a Andorra, todos ellos paraísos fiscales.
Se sentarán en el banquillo de acusados Àngel Fernández Gutiérrez, exconcejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona; Miquel Colàs i Piquer, empresario y exalcalde de Reus; Isidoro Prenafeta Pastor, presidente de la sociedad Tipel; Juan Carretero Muñoz, director financiero de Tipel; José Miguel Yubero Casanova, exdirectivo de Erosmer Ibérica; y Enric Llobet Royo, abogado y asesor.
Cinco de los seis procesados están acusados de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, mientras que el sexto investigado lo está por blanqueo de capitales. Las multas que se piden oscilan entre los 2.406.000 y 1.800.000 euros.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha fijado prácticamente un mes –entre finales de septiembre y octubre del próximo año– para la celebración de la vista oral debido a la gran cantidad de testigos que han propuesto las diferentes partes –fiscal y defensas–. Entre estos estarán prácticamente todos los concejales que estaban presentes en el pleno del 20 de abril de 1993, en el que se ratificó el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y Erosmer Valencia SA para la ejecución del PERI del Gas. En la lista de convocados a declarar está también el exalcalde Joan Miquel Nadal.
También dos exgerentes del Departament d’Urbanisme, el expresidente de la Diputació Josep Gomis, y vocales de la Comissió Territorial d’Equipaments Comercials que participaron, el 28 de julio de 1993, en la reunión en la que se acordó emitir informe favorable a las solicitudes de informe preceptivo presentadas por las empresas Ibérica de Centros Comerciales SA y Erosmer Valencia SA para la implantación de un centro comercial en Tarragona.
