Diez años después, el alquiler de dos locales en Torredembarra, uno en el barrio de Clarà y otro el que ahora alberga la sede de la Policía Local, se someterá a juicio. Se trata de una de las piezas –la cuarta– del complejo Cas Torredembarra. En ella, se deberá analizar si los contratos de arrendamiento de ambos casos se hicieron según la ley o fuera de ella.
Para el exalcalde Daniel Masagué (CiU) no hay lugar a la duda: «Hemos venido a demostrar que técnicamente y políticamente eran correctos (los contratos)», contestaba el expolítico a los micrófonos de TAC12 el pasado 27 de mayo. Aquel viernes, los diferentes imputados en esta pieza separada estaban citados en la Audiencia de Tarragona para exponer las cuestiones previas, el preámbulo del juicio que empezará el martes 21 si no hay más retrasos o imprevistos.
Este caso, que tenía fecha en 2018 se ha aplazado por varias razones en cinco ocasiones y debe analizar si hay delito en los contratos de dos locales alquilados en 2011 y 2012. Masagué añadía en su declaración ante la cámara que «venimos a defender este caso después de 11 años que ya toca» y dejaba entrever que ha habido interés de que llegara a juicio y quiza esto pueda cambiar las tornas «los imputados dejarlo de ser y alguno que no lo está terminar imputado», explicaba seguro de sí mismo.
Malversación y prevaricación
El quid de la cuestión se remontan en 2011 y 2012. En aquellos años, el gobierno local impulsaron dos contratos de arrendamiento de dos locales por unos precios que alcanzaban los 100.000 y 200.000 euros respectivamente. Uno de ellos, que alberga actualmente la comisaría, se alquiló para convertirlo en almacén. Y el segundo en el barrio de Clarà se vendió como local de ensayo de agrupaciones culturales (castellers entre otros), pero nunca se llevó a cabo y se mantuvo cerrado y sin actividad.
La Fiscalía Anticorrupción, analizando la documentación de esta pieza separada, considera que los imputados (además del exacalde Masagué están: José Oviedo, Juan Pérez, Santi Ardèvol, Francisca Felguera y Pere Font –todos ellos exediles del gobierno en aquel entonces– Montserrat Córcoles (jefa de contratación), Jaume Vila (coordinador de Urbanisme) y Vicenç Ruiz (ingeniero municipal) habrían cometido los delitos de malversación y prevaricación «al actuar de forma consciente que los locales no eran únicos ni singulares, que no había urgencia en alquilarlos y que había obstáculos insalvables para la legalidad de los expedientes».
Las penas que solicita la Fiscalía para todos ellos va de los 2 a 4 años de prisión además de otros muchos de inhabilitación para todos ellos. También exige en su escrito que devuelven los importes que se pagaron en su día por este alquiler.
Más allá de las visiones opuestas de la defensa (o de los propios imputados) y la Fiscalía Anticorrupción, cabe recordar que el secretario municipal de entonces, Rafale Orihuel, emitió un informe que advertía de las irregularidades que se estarían cometiendo en estas contrataciones directas (sin concurso) y también hubo un informe externo del abogado Xavier Xifrà que justificaba en un informe la actuación del gobierno local torrense.