El Gobierno de coalición ha conseguido, después de muchas idas y venidas y no pocas discusiones, cerrar un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de las pensiones que ha sido consensuada con la Comisión Europea y que, entre otros puntos, acuerda que los pensionistas puedan elegir entre un cómputo de 25 o de 29 años, con la opción de excluir los dos de peor cotización, a cambio de más ingresos.
Se trata esta de una decisión un tanto salomónica para poder contar con el visto bueno de Unidas Podemos. La propuesta, presentada ayer a los agentes sociales, suscitó reacciones bien distintas, pues mientras los principales sindicatos –UGT y CCOO– valoraron las medidas, la patronal CEOE las rechazó de plano al suponer un incremento de los costes laborales que, dicen, «pone en peligro» la creación de empleo.
La reforma, que tenía que haberse presentado a Europa antes del pasado 31 de diciembre, se antoja imprescindible porque afronta el reto de asegurar su sostenibilidad futura en puertas de la jubilación de la generación del ‘baby boom’, que disparará el déficit del sistema.
Lo ideal sería que una norma de este calado contara con el mayor consenso posible, por lo mucho que está en juego
Pocas dudas admite, pues, la necesidad de reforzar los ingresos y contener el gasto previsto según una pirámide demográfica con la que crecerán los beneficiarios de las prestaciones mientras se reducirán los ciudadanos en edad de trabajar que las financian con sus cotizaciones.
El problema estribaba en que la búsqueda de un cierto equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social implicaba la adopción de medidas impopulares.
A falta de conocer la postura de los partidos políticos, que ayer ya anunciaban que quieren leer con detalle la reforma, la reacción de los empresarios ya avizora un difícil consenso para una norma que, por lo mucho que está en juego, merece ser estudiada con un profundo sentido de la responsabilidad por todas las partes para que el acuerdo sea lo más amplio posible.