Desde hace años, la gestión de los residuos urbanos se ha convertido en un gran negocio. Lo saben muy bien en Italia, donde la mafia ha hincado el diente en este lucrativo comercio desde hace años. Y para que los beneficios sean más altos, buena parte de esta basura se ‘exporta’ al extranjero.
Una parte se lleva a algunos países cercanos, otra a África y otra a España. En este sentido, la Guardia Civil ha desarrollado durante un año una investigación sobre los residuos que llevaban a Tarragona, de qué tipos eran y su destino final.
La conclusión de la Benemérita es que detrás había una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de residuos de origen urbano. El poder de la mafia en este sector es tal que cualquier investigación judicial relacionada con la basura en Italia la asume el fiscal antimafia.
El balance del operativo policial fue la detención o imputación de 15 personas y de siete empresas jurídicas. Pero la investigación sigue todavía en marcha ya que, aparte de los vertederos de Riba-roja d’Ebre y Almonacid del Marquesado –en Cuenca–, podría haber otros donde se depositaron residuos sin tratar.
Hace un año
La investigación de la Guardia Civil comenzó hace más de un año y que tuvo un paso importante cuando presentó un atestado ante los Juzgados de Tarragona. Por reparto, el caso fue a parar al Juzgado de Instrucción número 4, que abrió diligencias previas. También se informó a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Desde un principio, la mira policial se puso en la empresa Griñó, que importaba la basura desde Italia a través del puerto de Tarragona. Fuentes del cuerpo señalaron que diariamente eran depositados de forma descontrolada toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos.
La normativa europea señala que cada país de la UE tiene que gestionar sus residuos urbanos
Solo el traslado de estas basura de un país a otro ya constituiría un delito porque cada Estado tiene que ser responsable de la gestión y eliminación de los residuos generados en núcleo urbano. Para saltarse esta restricción interponían una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, a menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde a la legislación vigente.
Se garantizaba así que la Agencia de Residuos de Catalunya expidiese las preceptivas autorizaciones esquivando todo tipo de oposición.
Un aspecto distinto es si hay delito medioambiental ya que se tendrá que analizar si ha habido un riesgo para el medio ambiente.
¿Tarragona o Lleida?
Hace un año se hizo cargo del caso el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona. Una de las incógnitas es saber si seguirá con el asunto o lo llevará otro de Lleida. El fiscal y al parecer también el juzgado tarraconense creen que el competente para realizar la instrucción es el de la capital del Segrià, porque en principio allí es donde la empresa Griñó tiene la sede social, y desde donde, presuntamente, se daban las órdenes. Se está a la espera de hacer dichas comprobaciones.
Precisamente, las oficinas de Griñó en Lleida fueron registradas por la Guardia Civil, al igual que las instalaciones que la empresa tiene en Constantí y en Almonacid del Marquesado, además del vertedero de Riba-roja d’Ebre.
Se intervino material informático ya se tomaron muestras de los residuos trasladados. Asimismo, el juez instructor ordenó el bloqueo de los inmuebles uy las cuentas bancarias pertenecientes a los investigados que forman parte del patrimonio obtenido mediante la actividad ilícita para hacer frente en el futuro a posibles responsabilidades civiles
