En solo dos meses, el gobierno municipal socialista del Ayuntamiento de Tarragona ha pasado de denunciar una situación económica de «quiebra» a ser el primer ejecutivo de la Plaça de la Font que, tras muchos años, podrá aprobar el presupuesto en día y forma para que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero.
El pasado 2 de octubre, el alcalde Rubén Viñuales (PSC) aseguró que las finanzas tarraconenses tenían un agujero de 14 millones de euros para el próximo año. Tres semanas después, el gabinete del PSC pactó con Junts y ECP un plan fiscal para recaudar el próximo año 6,5 millones de euros más que este 2023 gracias a la subida del 7,4% del IBI, del 12% de la basura, del 20% de la tasa de las terrazas y del 33% del impuesto de construcciones (ICIO).
Ahora, un mes después, el gobierno local tiene ya a tocar el acuerdo político con ERC y Junts –ya se verá si también con ECP– para sumar otros 6,3 millones más que, sumados a los 6,5 del plan tributario, permitirán llegar hasta los 12,8. Faltarán, esto sí, 1,2. Pese a ello, la concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), considera que las cuentas –que llegan a 205 millones de euros, 188 para gasto corriente– «nos permitirán estar en condiciones de cubrir todos los servicios del Ayuntamiento».
Turisme y... ¿Tarragona Ràdio?
¿Cómo ha logrado el consistorio compensar la parte de los 12,8 millones que no se lograron mediante la subida de impuestos? En gran parte, por la previsión «a la baja» de que el Gobierno Central aumente en 2,3 millones su aportación el próximo año. Se trata de una cifra que otras fuentes esperan que aumente significativamente cuando haya Presupuestos Generales del Estado. También se ha logrado refinanciar un crédito ICO que, en 2024, dará 1,8 millones más de aire.
Asimismo, otros 2,2 millones se generarán mediante «la contención del gasto», según reveló la máxima responsable del área económica municipal. ¿En qué se traduce esta racionalización de los recursos? Principalmente, en la reducción del 5% del presupuesto de las empresas municipales así como en el recorte de la partida de sueldos políticos, que según el acuerdo con Junts per Catalunya debería ser del 7,4%, que es lo mismo que sube el IBI, si bien se trata de un extremo que ayer Mascaró no confirmó: «Reducir esta partida es uno de los compromisos que está sobre la mesa», detalló en este sentido.
La tercera pata del ahorro viene por la «eliminación de gerencias», según afirmó la edil durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Al ser preguntada por la cuestión, la concejal aseguró que se refería «a la de Turisme», una gerencia que está vacante desde el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, según ha podido contrastar este periódico, este mismo mes de noviembre la presidenta de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, Sandra Ramos (PSC), se ha reunido con los trabajadores de Tarragona Ràdio para comunicarles la voluntad de cesar al actual gerente, que accedió a la plaza mediante un concurso público. ¿La supresión de gerencias afectará, pues, a la emisora municipal?
De 11 a 21 millones de inversión
Recortes aparte, lo cierto es que la gran novedad de las previsiones del próximo año es la partida de inversiones, que subirá un 80% para pasar de los 11 a los 21 millones de euros. Esta cifra se logra principalmente con la concertación de un nuevo crédito de 14 millones de euros. Asimismo, el gobierno municipal –a petición de ECP– ha llevado a cabo un trabajo para «rescatar» cuatro millones de euros que estaban en partidas de años anteriores que no se habían ejecutado. La previsión del PSC también es la de vender patrimonio del Pla Parcial 10 (en el entorno de Ten Brinke) para ingresar otros 2,1 millones que se destinarán a inversiones, mientras que otros 600.000 euros vendrán de otras administraciones y de Ematsa.
La principal inversión del próximo año se dibuja en la Biblioteca de Torreforta, que debe ubicarse en un espacio sin uso del Mercat de Torreforta con una apuesta de 1,9 millones de euros. El equipamiento se llamará Pepita Ferré y es una larga reivindicación vecinal. Asimismo, otra de las principales obras –con una partida de 1,5 millones– será el nuevo colector de aguas pluviales de Torres Jordi, con el objetivo de evitar las inundaciones en la Part Baixa.
Otra inversión estratégica –1,4 millones– será la renovación del alumbrado público con la instalación de LED en ubicaciones como la Rambla Nova o la Via Augusta para intentar rebajar el actual coste anual de cinco millones entre facturas de la luz y su mantenimiento. También se destinará un millón para el gimnasio y los vestuarios del pabellón de Sant Pere i Sant Pau, mientras que habrá otro millón para dos cuestiones: la adquisición de vivienda para destinarla a alquiler social y para renovar el Polígon Francolí.
La concertación del préstamo de 14 millones es la misma cantidad que el consistorio tiene previsto amortizar por su deuda bancaria, que actualmente está sobre el límite legal con una ratio del 82%. Pese a ello, la edil Isabel Mascaró confirmó ayer que, vuelvan o no las reglas fiscales vigentes hasta la pandemia de la Covid, el Ayuntamiento tiene previsto destinar todo su superávit de este año para pagar el pasivo a las entidades financieras. Con este pago, que podría ser de un mínimo de cinco millones de euros, se prevé situar la deuda en el marco de la legalidad, en el entorno del 75%.
La portavoz de Esquerra, Maria Roig, recalcó ayer que las previsiones del ejecutivo «responden a las peticiones de ERC», valoradas en un paquete inversor de 4,2 millones. Asimismo, la edil de la formación republicana destaca que «las cifras demuestran que el Ayuntamiento no estaba en quiebra, que esto era un escenario alarmista y que no era necesaria la subida exagerada de impuestos».