Hace poco más de un mes, la Audiencia Provincial de Tarragona juzgaba a un hombre por, presuntamente, violar a una adolescente vecina de La Canonja de 14 años de edad e hija de un familiar del presunto agresor. El fiscal pedía para el sospechoso 17 años de prisión y una orden de alejamiento que le prohíba comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 30 años por dos delitos de agresión sexual.
Casos como éste, por desgracia, se repiten con demasiada frecuencia desde hace tiempo. Las cifras sobre abusos sexuales a menores en España en la última década, al margen de poner los pelos de punta, invitan a una profunda reflexión. La tasa de crecimiento de casos se ha multiplicado por cuatro, pasando de 273 en 2008 a 1.093 durante el año pasado. Así lo puso de manifiesto un estudio de la Fundación ANAR sobre ‘Abuso sexual en la infancia-adolescencia, según los afectados y su evolución en España’, presentado hace unas semanas.
El resultado de esta investigación está en la línea con la información de las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, donde las sentencias por abusos sexuales a menores prácticamente se han cuadruplicado entre 2012 y 2018. Y apenas se denuncia una pequeña parte de los casos.
¿Qué ha pasado para que en poco más de diez años los casos de abusos sexuales a menores se hayan disparado? ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Están lo suficientemente protegidos nuestros menores? El Diari ha intentado arrojar un poco de luz a estas y otras incógnitas que envuelven un tema tan duro como traumático. Para Lita Arroyo, psicóloga y máster en abusos sexuales y violencia de género, «las nuevas tecnologías no han beneficiado en nada en que estas cifras no crezcan. El abusador anónimo o muchos pederastas hacen uso de las nuevas tecnologías porque aprovechan para esconderse detrás de una pantalla».
De hecho, el estudio de ANAR refleja que, mientras el incremento anual de casos de abusos sexuales a menores fue del 14,3% de media, en los últimos cinco años ha aumentado al 20,5%, incrementándose los abusos a través de las tecnologías grooming (36,7%) y sexting (25%). En el primer caso, es cuando un adulto se infiltra a través de la tecnología y pide imágenes a una menor de edad. Mientras que el sexting es la recepción o transmisión de imágenes o vídeos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales.
No obstante, esta psicóloga no cree que haya que achacar toda la culpa a las nuevas tecnologías. «El perfil del abusador cercano a la víctima, incluso del ámbito familiar, ha existido toda la vida. Sí que han aumentado los casos, pero en los años 80 y 90 también había muchos. Por suerte, lo que pasa ahora es que se visibilizan más y se protege mucho más al menor, igual que pasa con la violencia de género», comenta Lita Arroyo.
El estudio de ANAR revela que el perfil del agresor de abuso sexual contra menores es el de un hombre, de la familia o del círculo de confianza, mayor de edad, que actúa en solitario y que abusa en la casa del menor de edad. En el 32% de los casos el agresor es el padre biológico. También ha aumentado la proporción en las que el agresor fue la pareja de la madre (1,7% en 2008 a 6,2% en 2018). Asimismo, alerta de que hay que tener mucho cuidado con los entornos escolares y las actividades extraescolares de los menores, que representan el 13,2% de los casos de abusos sexuales.
En ese sentido, Arroyo explica que «en mi consulta me encuentro muchos casos en los que viola y abusa un sociópata formado, que se sabe ganar a la familia. El caso cercano lo encontramos en el profesor de batería de Quart (Girona), que ha abusado de muchos niños. Llevo en terapia a algunos y el otro día los padres de uno me decían: ‘Es que nos engañó’. Son maquiavélicos y manipuladores. Estos padres veían cómo abrazaba a su hijo y pensaban que era un buen hombre».
Demostrar el abuso
El informe de ANAR destaca que las víctimas tienen una gran dificultad para demostrar el abuso porque en el 80,2% de los casos no deja marcas o heridas y las reacciones del entorno no son de apoyo. En el 37,8% de los casos niegan los hechos, o en un 31,1% justifican o encubren al agresor.
La psicóloga Lita Arroyo, en un ejercicio de valentía, explica al Diari que «yo fui víctima durante cinco años de los abusos por parte del chófer de mi padre, desde los 15 a los 19 años. Por eso me dedico a esto, porque las víctimas en muchos casos no encuentran a quién explicárselo. Sigue pasando que no se cree a estas personas».
Arroyo tiene muy claro que «hay que concienciar a la gente de que tiene que decirlo y denunciarlo. Pero para ello se tiene que proteger mucho más al menor. Es la clave, porque hay mucha burocracia. Las administraciones públicas tienen que invertir más en psicólogos, porque es necesario que las víctimas puedan hablar con alguien que no las juzguen, que las ayuden y les den las herramientas para llevarlo lo mejor posible durante toda la vida».
