La Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre (AAT) ha organizado este martes en el Centro de Convenciones de PortAventura su IX Jornada de Turisme. Un encuentro entre profesionales del sector que ha girado entorno a las viviendas de uso turístico y la nueva regulación de la Generalitat que amenaza la continuidad de muchas de las licencias que operan actualmente.
El decreto ley en cuestión, aprobado en 2023, prevé limitar las licencias para viviendas de uso turístico a diez por cada 100 habitantes en los municipios que tengan un mercado de vivienda tensionado. Eso abre la puerta, a partir de 2028, a suprimir licencias, lo que reduciría a más de la mitad el número de viviendas turísticas en lugares como Salou, Mont-roig del Camp o L’Ametlla de Mar.
«Es un peligro y no distingue entre las realidades de los diferentes municipios», ha manifestado el presidente de la AAT, Joan Calvet, que denuncia que está norma está hecha desde una visión de Barcelona ciudad. «Desde el año 1967 existe regulación para nuestro sector y damos un servicio a los usuarios creando un turismo más social», ha defendido.
«La caducidad de estas licencias no ayudará al mercado del alquiler», ha asegurado David Riba, presidente de Federatur, la patronal catalana de los apartamentos turísticos. A su parecer, esta normativa provocará una paralización de la actividad «en muchas poblaciones donde estas viviendas en su mayoría son segundas residencias y sus propietarios no las dedicarán al alquiler tradicional».
La jornada constó de dos ponencias, con la participación de varios expertos y representantes institucionales. Carles Sala, director institucional del Área Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI-BCN/AIC), explicó que Tarragona es la séptima provincia de España en déficit de vivienda y que en Catalunya se necesitan 125.000 pisos para cumplir con la demanda residencial. Asimismo, ha apuntado que «no hace falta suprimir las viviendas turísticas para tener viviendas para alquiler, lo que hace falta es presupuesto» y ha censurado que «España está a la cola de Europa en parque público de vivienda y en presupuesto destinado a vivienda».
Por su lado, el director de la Càtedra UNESCO sobre el Dret a l’Habitatge de la URV, Héctor Simón, ha lamentado que el decreto ley de la Generalitat «no está basado en la evidencia científica» y ha expuesto que «las viviendas turísticas han sido el chivo expiatorio» de la crisis habitacional. En este sentido, ha reclamado a las administraciones incentivos y seguridad jurídica para que la gente destine sus propiedades al mercado de alquiler. «Es un poco naïf pensar que eliminando las licencias de uso turístico, las pondrán en alquiler», ha dicho. Asimismo, ha propuesto que sea cada municipio el que valore el impacto de este tipo de vivienda en su municipio, así como que haga el censo de pisos vacíos para poder elaborar políticas que promuevan su alquiler.
Para Xavier Llorens, presidente del Consell d’Arquitectura Tècnica de Catalunya y del Col·legi Oficial Arquitectura Tècnica de Tarragona, «no se puede criminalizar a un sector de los pisos turísticos que consigue cierta habitabilidad, que genera actividad y economía, y que mueve a muchos otros sectores».
La jornada también contó con la participación de los alcaldes de Salou y L’Ametlla de Mar para valorar el impacto para sus municipios de poner coto a las licencias. «Nos negamos en rotundo» a eliminar la mitad de licencias que existen en Salou, ha declarado Pere Granados, que ha denunciado que esta normativa «es un ataque directo a la autonomía municipal y a nuestra economía local».
El alcalde salouense salió en defensa de un sector que supone el 40% de plazas de alojamiento en la ciudad. «No podemos renunciar a los turistas que viajan a apartamentos y que nunca irían a un hotel o a un camping. Es un tipo de turista que tiene un gasto superior en el destino», ha afirmado. Por otro lado, ha argumentado que, con 7.200 pisos turísticos regularizados, Salou ya tiene una oferta suficiente y que, a partir de ahora, el planeamiento urbanístico impedirá esta tipología de viviendas en las construcciones de obra nueva.
«Quitar los pisos turísticos tendría una repercusión económica brutal», ha señalado la alcaldesa de L’Ametlla de Mar, Eva del Amo. En la localidad ebrense, el recorte de licencias llegaría al 62% de las actuales viviendas turísticas. «Es un agravio muy importante para la economía de nuestro pueblo. No estamos hablando de grandes propietarios, sino de familias. Quitarles la licencia no hará que se pasen al alquiler de todo el año. Lo que hará es fomentar el alquiler turístico ilegal», ha alertado.
