Iqoxe y su cúpula directiva podrían haber incurrido en la comisión de tres posibles delitos que provocaron la explosión mortal que acabó con la vida de tres personas el 14 de enero de 2020: dos trabajadores de la fábrica y un vecino que se encontraba en su casa, a más de dos kilómetros de distancia. Esta es la principal conclusión que se extrae del auto que dictó el pasado miércoles la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Sofía Beltrán Miralles, que sirve para cerrar la fase de investigación de los hechos con tres personas imputadas, además de la propia empresa situada en el Polígon Sud como persona jurídica, en una tragedia que, por las circunstancias indagadas durante los últimos tres años, podría haber producido «un efecto dominó» que habría derivado en una catástrofe mucho mayor «por las sustancias peligrosas almacenadas en las empresas químicas y por la interconexión de las diferentes factorías o fábricas por medio de tuberías», según la jueza.
Apunta a tres directivos
En su resolución, que será recurrida por la empresa, la magistrada considera que existen indicios por parte de cuatro investigados de la comisión de los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones; contra los derechos de los trabajadores; y por estragos. Todo ello, a raíz «de las condiciones de sobreproducción de la empresa, la falta de personal, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, las deficiencias en las instalaciones y equipos, la falta de medidas de seguridad, tanto laboral como industrial, así como las deficiencias en el funcionamiento y la activación de los planes de protección civil», se indica en el documento de 80 páginas.
En el auto, la jueza apunta contra los tres principales directivos en el momento de la explosión: el director general, José Luis Morlanes; el director de planta, Juan Manuel Rodríguez Prats; y el responsable de seguridad, Gerard Adrio, a quienes achaca los posibles delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, así como el de atentar contra los derechos de los trabajadores de la compañía. Cada uno de estos ilícitos está castigado hasta con tres ó cuatro años de prisión.
En el texto, Sofía Beltrán indica que Morlanes y Rodríguez Prats habrían gestionado «una política empresarial que llevaba a realizar una actividad de alto riesgo sin las debidas condiciones de seguridad», en base al «aumento de producción y reducción de costes sin la debida observancia de las obligaciones de prevención, información, control de riesgos y seguridad correspondientes a este tipo de establecimientos». «Iqoxe sería la principal beneficiaria de esta política empresarial, desplegada por sus máximos responsables, con el consiguiente aumento de la rentabilidad económica», afirma la jueza, quien recuerda que Morlanes «era el CEO y accionista de la empresa, participando en los beneficios económicos», a la vez que este investigado «dirigía y marcaría la estrategia a seguir en su gestión y objetivos». En su declaración del 20 de marzo, el director general negó que se incrementara la producción y aseguró que la producción de diciembre de 2019 y de enero de 2020 se redujo «entre un 42% y un 34%» respecto al año anterior, lo que se traduciría en 14.000 toneladas menos que en 2013.
«Presiones laborales»
Por lo que se refiere al director de planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, la jueza destaca en la resolución «las declaraciones de los trabajadores que relatan situaciones de presión», así como el «clima de presión laboral creado por la dirección de la empresa», añadiendo: «Se aprecia provisionalmente que la dirección incurrió en graves infracciones de deberes normativos, en materia laboral, seguridad industrial y protección civil», así como «en los deberes de cuidado que debía observar especialmente en el ejercicio de una actividad de un riesgo tan elevado». En su comparecencia del 22 de marzo, Rodríguez Prats afirmó a la jueza que «el componente –MPEG 500– que causó la explosión del 14 de enero del 2020 «no estaba catalogado como material peligroso», alegando que «no había ningún plan de riesgo, ni de peligro industrial ni del orden laboral que previera que podía descomponerse un material que no estaba catalogado como peligroso», aseveró.
La empresa reitera su inocencia porque el accidente de enero de 2020 «no era previsible»
En lo concerniente a Gerard Adrio, la jueza le imputa al ser «el responsable de seguridad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, incluida la seguridad de sus procesos productivos», apuntándole por «incumplimientos de la normativa laboral de prevención de riesgos tales como falta de actualización del Plan de Prevención, falta de formación de los trabajadores, defectos en los equipos de protección, lo que generó situaciones de riesgo psicosocial de los trabajadores y un aumento progresivo de la siniestralidad laboral en la empresa». También le atribuye que «no facilitó la labor de los bomberos y servicios de emergencias, ni se dio información suficiente de las sustancias almacenadas en la empresa, hechos éstos en los que intervino personalmente y, aunque se produjeron en un contexto muy grave, ello no es óbice al cumplimiento de las obligaciones que corresponden».
Finalmente, la jueza imputa a Iqoxe el delito de estragos «al producir el producto MEPG-500 con infracción de las normas de seguridad según resulta indiciariamente de lo actuado», indica la magistrada, quien recuerda que la actuación de la compañía provocó «un riesgo concreto para la vida, la integridad o la salud de las personas o para el medio ambiente», al gestionar «sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes».
Este jueves, Iqoxe ha anunciado que recurrirá la decisión de la juez instructora de procesar a la empresa y tres exdirectivos. La compañía no está conforme con las imputaciones que se le realizan y reitera que el accidente «no era previsible», por lo que considera que es inocente de los delitos. En un comunicado la compañía afirmó que el reactor accidentado hace tres años reunía «las máximas medidas y garantías de seguridad», y que había sido sometido a «todas las revisiones previstas en la ley». La última se habría realizado solo «un mes antes del accidente» y se habría «superado».