La droga no entra en la cárcel con los traficantes. Su camino es mucho más discreto y menos mediáticos. Al incremento de titulares en los que aparecen kilos y toneladas de hachís, cocaína o marihuana intervenidos en un alijo van asociadas diversas preguntas.
¿Y qué pasa con ellos a partir de ahora? ¿Se guardan como posible prueba para un futuro juicio? ¿Se queman en la incineradora? La realidad es que se trata de un camino curioso y poco mediático.
«Cuando se localiza la droga, se lleva a cabo un muestreo del producto, de la sustancia que sea que se encuentre, ya sea marihuana, hachís o cualquier otra», explica el jefe de la Unitat d’Investigació del Àrea Bàsica Policial (ABP) del Tarragonès, el subinspector Marc Bayón.
«Estas muestras analizadas en el laboratorio [en el caso del cannabis, hay que esperar a que el cogollo se seque] acreditan que realmente esa sustancia que en apariencia parece prohibida realmente lo es, y qué porcentaje de toxicidad tiene; posteriormente, se informa al órgano judicial y, además, se solicita la autorización para destruir el resto», añade.
«Cuando se localiza la droga, se lleva a cabo un muestreo del producto», Marc Bayón, jefe de la Unitat d’Investigació de la ABP del Tarragonès
Lo que se hace en Tarragona es quemar el material una vez se tiene el informe del laboratorio [que, en el caso de Mossos, está ubicado en el Complex Central de Sabadell, aunque también colaboran otros centros acreditados] que certifica el tipo de sustancia y su principio activo.
La Guardia Civil sigue el mismo camino aunque, en su caso, el informe de laboratorio se realiza en el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.
«Determinan qué droga es y en qué proporción está», comenta el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, Héctor Muñoz. «Tener un informe analítico es algo fundamental para, penalmente, poder llevar a cabo la acusación», añade.
El pesaje y el muestreo es una actuación policial, si bien se recomienda la presencia del letrado de la administración de justicia para aquellas de mayor relevancia.
«En la provincia, se requiere la presencia del letrado de la administración de justicia en el muestreo para que de fe», Héctor Muñoz, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona
En la provincia, Muñoz apunta que «se intenta que siempre acuda el letrado, ya que al final es quien se encarga de dar fe a nivel judicial y sabemos que, de esta forma, no habrá ningún problema ni nulidad posterior».
Sin embargo, puede haber más gente presente: «Si hay personas detenidas o investigadas, se les da la opción de que puedan acudir sus abogados para aportar las diferentes valoraciones que consideren».
Mientras que se espera a las autorizaciones judiciales y demás, la droga permanece custodiada en dependencias policiales. Una de las que acumula más es un almacén situado en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, que está operativo desde el pasado 2023 y que concentra, principalmente, cannabis.
En estos equipamientos, la sustancia se conserva en un ecosistema específico, ya que la marihuana se pudre con facilidad. Además, aunque el control de los almacenes es exclusivo de la policía catalana, el Departament de Interior ha contratado a tres empresas para que lleven a cabo labores de destrucción de marihuana por un coste de 334.700 euros.
«Lo que queremos los policías es tener almacenes vacíos, no grandes», Marc Bayón, jefe de la Unitat d’Investigació de la ABP del Tarragonès
Hay que tener en cuenta que, en Catalunya, se desmantelan más de dos plantaciones al día, y que antes, no había un sistema único para arrancar las plantas, cortarlas y triturarlas. «Lo que queremos los policías es tener almacenes vacíos, no grandes», insiste Bayón, quien añade que «el trámite para destruir la droga es muy diligente».
En la misma línea, Muñoz expone que «en Tarragona, hay mucha conciencia sobre este tema por parte de las autoridades judiciales y las autorizaciones se consiguen relativamente rápido; de esta forma, se evita tener la sustancia mucho tiempo en dependencias policiales».
Riesgo de asaltos
Cabe incidir en la importancia de este proceso, pues tener el material a la vista y sin las medidas adecuadas puede provocar riesgos de sufrir un robo por parte de narcotraficantes y, para más inri, de tener corrupción policial.
Conocido es el caso de Santa Coloma de Farners, en Girona: tres agentes de los Mossos han sido condenados recientemente por traficar con marihuana decomisada.
«Si hay personas detenidas o investigadas, se les da la opción de que sus abogados acudan al muestreo de la droga», Héctor Muñoz, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona
Una vez que el poder judicial autoriza la destrucción completa de la droga, en el caso de Tarragona, puede calcinarse o en la incineradora de residuos peligrosos de Constantí, que gestiona la empresa SARPI, o bien en el Servei d’Incineració dels Residus Urbans S. A. (Sirusa), la planta de valorización energética pública.
Antes, esta diligencia se llevaba a cabo en la incineradora de Sant Adrià de Besòs. «Por el gran volumen de droga que hay, decidimos recortar distancias y trayectos para quemar la droga en equipamientos que estuvieran más al alcance», confirma el subinspector.
La principal droga que se quema es la marihuana. La cocaína, por su parte, genera más problemas, ya que requiere de un filtro específico en la chimenea por su composición química.
En esta línea, para quemar droga, los hornos deben cumplir una serie de requisitos, como alcanzar una temperatura mínima de 850 grados centígrados. Además, el procedimiento puede verse presencialmente o por cámara de vigilancia, pero ninguna puede ser oculta.
«Hay casos en los que elementos que se incautan en una plantación pueden reutilizarse en obras sociales», Manuel Navarrete, director del CITCO
Reutilización de objetos
El resto de elementos que se incautan en las operaciones policiales también tiene un camino curioso. El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, establece que «hay casos en los que tenemos peticiones judiciales para que, por ejemplo, aires acondicionados puedan utilizarse en obras de carácter social, como los colegios».
«Hay unas reglas muy estrictas para llevar a cabo la eliminación de la droga», mantiene Navarrete. De hecho, existe un conjunto de documentos y registros, llamados cadena de custodia, en los que se refleja el proceso desde la intervención de la droga hasta su eliminación. Así, se certifica y se garantiza la legalidad de la actuación.