Una setentena de personas se concentran frente a la fábrica para reclamar seguridad cuando se cumplen cinco años de la explosión, que sigue pendiente de juicio. Al acto acuden vecinos, sindicatos, políticos y algún familiar de las víctimas
La magistrada cierra la instrucción y alerta que la empresa –que recurrirá– y su cúpula podrían incurrir en «imprudencia grave, estragos y atentado contra los derechos de los trabajadores»
