El teórico director de seguridad y medioambiente de Iqoxe en el momento de la trágica explosión mortal del 14 de enero del 2020, Gerard Adrio, niega que tuviera esta responsabilidad y, de hecho, desmiente que contara con «capacidad decisoria en la seguridad industrial de la planta de derivados». Así lo asegura la representación legal de Adrio en el escrito de defensa presentado recientemente ante el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, al que ha tenido acceso el Diari.
Adrio, a quien la magistrada envía a juicio al considerar que, junto a otros dos directivos, hay indicios de que podría haber incurrido en dos posibles delitos –imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones y, asimismo, atentar contra los derechos de los trabajadores– afirma en el escrito que «la seguridad del departamento de producción era tarea del responsable de producción».
Adrio, de hecho, se desmarca de toda responsabilidad a nivel de seguridad. «No es cierto que fuera jefe de seguridad, coordinador de guardia o jefe de intervención en caso de emergencia como se dice en los escritos de acusación», y apunta hacia otra dirección. «Dado que los posibles directores de emergencias habían fallecido, estaban heridos o no se encontraban en la sede de Iqoxe en el momento de la explosión, según el Pla Actuacions Emergencia (PAU) el coordinador de guardia el día de los hechos era Ferran Cabré», y no él.
Sobre el momento de la emergencia, Adrio afirma a la jueza que «no tenía competencias en Iqoxe para el cumplimiento del plan Plaseqcat», sino que el director del plan era el «director de la fábrica».
«Auditoría favorable cada año»
En su escrito, Gerard Adrio hace una defensa de la gestión en materia de prevención de Iqoxe. «Anualmente, la empresa llevaba a cabo un dictamen de seguridad, evaluado por una entidad de inspección y control, con resultado favorable que se presentaba a la Generalitat, siendo el último de fecha 11/12/2019, un mes antes del accidente», indica.
Por ello, y sobre la explosión que acabó con la vida de tres personas –una de las cuales en su domicilio de Torreforta, a más de 2,5 kilómetros de distancia de la planta–, el directivo considera que «fue totalmente imprevisible e inevitable, siendo la misma un caso fortuito que ha supuesto un nuevo paradigma científico en lo relativo a explosiones». Por ello, pide su absolución «al no haber cometido ningún delito».