La polémica con el contrato de la basura del Ayuntamiento de Tarragona corre el riesgo de eternizarse, como ya pasó con el restaurante del Fortí de la Reina, el no parking Jaume I o, recientemente, la anulación del POUM. La concesión del mayor servicio municipal —más de veinte millones de euros anuales— lleva año y medio caducada sin que pueda renovarse una maquinaria envejecida que, en gran parte, ya ha superado su vida útil. Paralelamente, los recursos administrativos y judiciales, algunos cruzados entre las propias empresas ofertantes, dibujan un complejo escenario de futuro.
La resolución del contrato se encuentra inmersa en un laberinto jurídico cuya suerte no se prevé a corto plazo. Tras ser excluida del concurso público por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la ganadora de la licitación, la francesa GBI Paprec, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fue admitido a trámite y en el que, entre otras cuestiones, solicitaba cautelarmente suspender la adjudicación que el Ayuntamiento —a instancias del tribunal administrativo— quería otorgar a la segunda clasificada: Urbaser.
Pese a que finalmente no se formalizó la operación, el pleno pidió en junio a Urbaser, a instancias de los jurídicos municipales, que preparara la documentación «para cumplir» con la resolución del tribunal administrativo. Esta solicitud se basa en una interpretación de los altos funcionarios municipales, pues en ningún lugar de la resolución el tribunal obligaba específicamente al Ayuntamiento a adjudicar la contrata a la segunda clasificada. Al consistorio incluso le había expirado el plazo para pedir explicaciones al tribunal.
Cautelares en vilo
Según fuentes conocedoras del expediente, el recurso de Paprec ha generado una maraña jurídica que, entre otras cuestiones, comporta que el alto tribunal catalán ni haya empezado a estudiar la petición de GBI Paprec. De hecho, la ha dejado en suspenso hasta resolver si es competente o no en la causa: la decisión sobre lascautelares están paralizadas.
Paralelamente, en un escrito del pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento solicitó al TSJC la «acumulación» del recurso que presentó en junio contra la exclusión de GBI Paprec a la petición que la propia empresa registró ante el alto tribunal. Esta decisión ha derivado en otro recurso: como parte afectada, la tercera clasificada del concurso y actual gestora de la basura, FCC, actuara contra el consistorio el 7 de octubre ante el TSJC. FCC denuncia que, en caso de aceptarse la acumulación, el Ayuntamiento «estaría actuando como demandante y demandado» en la causa, hecho que considera incompatible. Como demandante, lo estaría haciendo, según FCC, por el recurso presentado contra la exclusión de Paprec, y como demandado por la alegación de Paprec contra el Ayuntamiento por cumplir con la resolución del tribunal administrativo.
En el TSJC también ha entrado en acción Urbaser contra GBI Paprec. En un escrito registrado el 24 de septiembre, considera, al igual que FCC con el consistorio, que GBI Paprec ejerce como «demandante y demandado», tanto por promover un recurso contra la decisión del Tribunal de Contractes como por «acumular» su recurso al del Ayuntamiento.
Hasta aquí, la referencia a la forma —pero no al fondo de la cuestión. ¿Qué pasará si el TSJC acepta la medida cautelar solicitada por GBI Paprec y suspende el acuerdo del pleno de iniciar los trámites con Urbaser? En este supuesto, Paprec podría volver a mover ficha con un nuevo recurso, mientras que FCC haría lo propio, acudiendo al Tribunal Català de Contractes, que inmediatamente paralizaría toda la tramitación hasta resolver la causa. Según la resolución del tribunal administrativo, cabría otro nuevo recurso ante el TSJC.
Otro escenario. Si no se aceptan las cautelares, el Tribunal Superior de Justícia todavía deberá resolver el fondo de la cuestión de manera ordinaria, alargando durante bastante más tiempo una espera que provoca que, de momento, FCC siga ejerciendo el servicio sine die y sin poder renovar ni vehículos ni maquinaria.
Todo ello en espera de la resolución final del gran conflicto: ¿fue justa la exclusión de Paprec por no incluir un taller oficial en su oferta de 233 millones? ¿Qué pasará si, a medio plazo, se adjudica a Urbaser y, a la larga, los tribunales dan la razón a Paprec? ¿Quién pagaría la millonaria indemnización? Tarragona está a un paso de la dimensión desconocida en una polémica que se inició hace 14 años.
20 años sin concurso público
Los problemas con la limpieza dieron sus primeros pasos en 2010 y se han acentuado en el último lustro. Como ya sucedió con la tramitación municipal del Fortí de la Reina (resuelta en el juzgado con derribo final del establecimiento ilegal por una licencia de obras mal otorgada); o con el Jaume I (sin culpables penales por el pésimo control administrativo del consistorio, pero con una deuda municipal de 25 millones de euros pese a que las obras debían costar solo cuatro); o con el error de bulto de los técnicos municipales con el plan parcial del POUM en la CLH (que llevó al Tribunal Supremo a dejar en nada el plan urbanístico), el expediente de la basura también está plagado de sombras que siembran dudas sobre su gestión durante la última década.
Hace 14 años, el Ayuntamiento decidió prorrogar hasta 2023 el contrato a FCC –en vigor desde 2003– pese a la oposición de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. El motivo de la ampliación de la concesión fueron las exigencias del Programa de Gestió de Residus Municipals (Progremic) de la Generalitat para impulsar la recogida selectiva.
La aplicación de este plan obligaba a realizar una inversión en contenedores y maquinaria de 14 millones. Al estar ya en el séptimo año de los diez de la concesión, si la gestora de la basura hubiera tenido que llevar a cabo la inversión no habría contado con tiempo de amortizarla, o bien el recibo de la basura se habría duplicado. Los juristas municipales optaron por la prórroga como «mal menor», pese a que el Govern alertó de que atentaba «contra la libre concurrencia pública». ¿Por qué? En este escenario, el Ayuntamiento estaría dos décadas (2003-2023) sin sacar a concurso público su mayor contrato. Y así fue.
Licitación desierta en 2022
A las puertas de expirar el contrato, a inicios del pasado mandato, el gobierno de Pau Ricomà (ERC) decidió reforzar el equipo técnico de la basura, bajo el mando del edil Jordi Fortuny (ERC).
En 2020, bajo la coordinación de la Cap de Gestió de Serveis Públics, Lídia Bartra, el consistorio sacó a licitación la redacción del pliego de condiciones para renovar la concesión firmada en 2002 con el alcalde Joan Miquel Nadal (CiU). Se presentaron al concurso tres ingenierías y ganó Lavola, de Manlleu. Sin embargo, un recurso lo paralizó todo.
Tras meses de espera, en verano de 2021 Fortuny puso sobre la mesa la posibilidad de redactar el pliego internamente. Así se hizo, con varios puntos que, tiempo después, generan dudas.
El primero es que el primer concurso quedó desierto en diciembre del 2022. Por ello, se optó por alargar la concesión y pagar más por la inversión en maquinaria. A la siguiente licitación se presentaron cuatro ofertas, y se filtró la ganadora –GBI Paprec– antes de que se abriera el sobre con la oferta económica.
Urbaser y FCC presentaron recurso ante el tribunal administrativo, que dio la razón a la primera, excluyendo a la vencedora. En su resolución, el tribunal dio un fuerte tirón de orejas a los técnicos municipales, al considerar que su modo de operar durante el concurso «no se ajustó a derecho» porque sabían que todas las ofertas incumplían las exigencias requeridas pero, en cambio, no se eliminó a ninguna. Un caos, pues, que ha creado un laberinto que puede dejar en anécdotas los desastres del Fortí, el Jaume I o el POUM.
