El acceso a la vivienda se está convirtiendo en el principal foco de preocupación y, algunas administraciones como es el caso del Ayuntamiento de Tarragona, están queriendo ir «más allá» en las políticas que han impulsado hasta el momento.
En este contexto, el consistorio y el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuaciones Urbanes SA (Smhausa) ponen en marcha una «operación rastrillo» con un doble interés. Por un lado, incrementar el parque de viviendas de alquiler social que gestiona la empresa pública, para dar una respuesta a la emergencia habitacional e intentar contener el precio de los alquileres en la ciudad. Y, por el otro, contribuir a «poner orden» entre los bienes patrimoniales que gestionan ambas partes, lo que hace que ahora mismo algunos de estos locales y pisos estén vacíos.
Según fuentes municipales, la operación se ha puesto en marcha con un rastreo de todos los solares, bloques de viviendas y pisos que son propiedad del Ayuntamiento de Tarragona y que puedan ser susceptibles de transformarse en un hogar. El objetivo es transferir estas propiedades a Smhausa para que pueda gestionarlas dentro de la bolsa de viviendas de alquiler social.
Como contrapartida, la empresa pública hará una valoración de todos los locales de su propiedad sin una explotación comercial. Mayoritariamente, estos forman parte de los edificios que compra la empresa pública y, al no ser su comercialización de estos establecimientos el objeto social principal de la compañía pública, quedan en desuso.
La idea es que estos pasen a manos del departamento de bienes del Ayuntamiento, para que puedan ser utilizados para cubrir las necesidades propias de la administración local o para que entren dentro de la rueda, para la cesión de su uso a entidades o asociaciones.
«Estamos hablando de una especie de permuta, en el que cada una de las partes tiene unos valores, lo que nos permite poner cada una de las cosas en su sitio», explican estas mismas fuentes.
Ejecuciones de deuda
Al respecto, el concejal de Urbanisme i Habitatge, además de presidente de Smhausa, Nacho García, apunta que «primero tendremos que ver a dónde están y cómo son estos locales, porque a veces tenemos necesidades de espacio en sitios en los que no tenemos disponibilidad de espacio y después, si no se da esta situación, podríamos buscar la cesión a entidades».
Tras un primer rastreo, se han identificado una decena de viviendas que podrían formar parte de esta primera fase de la operación. «Puede parecer poco, pero es mucho», afirma el Ayuntamiento. Aproximadamente es la misma cifra de pisos que compra cada año Smhausa mediante la fórmula de tanteo y retracto, en el que la administración local ha invertido más de un millón de euros anuales en los últimos tiempos. Estos pisos están distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad como es el caso de Torreforta, la Rambla Vella o Sant Salvador.
Estos forman parte del patrimonio del Ayuntamiento, ya sea a través de ejecuciones de deuda, cesiones gratuitas, permutas u operaciones de compra que se hicieron en un determinado momento del pasado. En algunos casos se trata de viviendas que están ocupadas, mientras que otros son pisos vacíos, por lo que en su conjunto estos bienes se transferirán al Servei Municipal de l’Habitatge.
A partir de ahí deberá hacerse una valoración detallada de cada uno de los casos para estudiar la situación particular y plantear su rehabilitación para que pueda formar parte de esta bolsa de alquiler social. «Esto significa que nos permitirá se estarán a disposición tanto para cubrir las necesidades de emergencia habitacional como para el alquiler social, dependerá en función de las necesidades del Insitut Municipal de Serveis Socials (IMSS)», argumenta el edil socialista.
Casi nueve millones
Este nuevo programa se pone en marcha mientras en el presupuesto que se aprobó el pasado 15 de noviembre incluía la principal inversión en vivienda social, por parte de la administración local. La cifra alcanza prácticamente los nueve millones de euros, teniendo en cuenta que se prevé una partida de siete millones de euros –sujeta a la venta de patrimonio– para la construcción de la primera promoción de vivienda pública en Llevant. En concreto, esta afecta a la calle Joan Fusté, donde el Ayuntamiento de Tarragona tiene dos parcelas y se plantea vender una de estas para poder construir en la otra, en la que podrían construirse unas cuarenta viviendas.
En paralelo, el presupuesto mantiene la apuesta por la compra mediante tanteo y retracto. En este sentido, la consignación presupuestaria que se incluye asciende a 1.500.000 euros. Desde 2020, cuando se inició este programa Smhausa ha adquirido sesenta pisos, que han sido reformados y puestos al mercado, mientras que otras cinco están programadas pendientes poder incluirse también. «Cuando haces una rehabilitación no tan solo estás sumando una nueva vivienda social, sino que también estás consiguiendo que un piso que está en mal estado deje de estarlo y que el tejido industrial trabaje», apuntan fuentes de la administración local.
Entre las diferentes modalidades –entre las que también se incluye la bolsa de mediación– esta sociedad pública gestiona unos 250 pisos en la ciudad. Esta cifra se incrementará notablemente cuando finalice la construcción de 192 pisos en la promoción que se está levantando en la zona del Pla Parcial 10, entre Bonavista y Campclar. Recordemos que en este mismo entorno, el Ayuntamiento de Tarragona tiene una segunda, de titularidad compartida con Incasòl, en la que también quieren construirse viviendas protegidas.