El Ayuntamiento de Tarragona y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han acordado actuar de manera «inmediata» en el inmueble de Ca l’Ardiaca. Las intervenciones se llevan a cabo con el objetivo de «controlar y parar las consecuencias derivadas del derrumbamiento de parte de la cubierta del edificio detectadas últimamente», así como para evitar «más daños en el inmueble», según afirmó ayer el consistorio mediante un comunicado de prensa.
Las dos instituciones han tomado la decisión de actuar de urgencia en el edificio del Pla de la Seu de la Part Alta después de constatar el deterioro del edificio en el transcurso de una inspección técnica realizada, a instancias de un decreto de emergencia firmado por el alcalde, Rubén Viñuales (PSC).
Según el comunicado, «en los próximos días se empezará a trabajar para llevar a cabo, con carácter de emergencia, las tareas indispensables para garantizar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de los elementos de valor patrimonial, como las yeserías y las pinturas, que están sufriendo mucho por las filtraciones de humedades».
Por estos motivos, el Ayuntamiento de Tarragona hizo oficial ayer que «ya se ha puesto en contacto» con una empresa especializada en intervenciones en patrimonio para iniciar las tareas, que se financiarán conjuntamente con la Generalitat de Catalunya para repercutirlas, posteriormente, al propietario del edificio: la empresa zaragozana Desarrollos Arbe.
El delegado del Govern en Tarragona, Àngel Xifré (ERC), destacó ayer que «gracias al hecho de haber iniciado la incoación como BCIN desde la Generalitat, ahora podemos dar la máxima protección al monumento».
Tres expedientes abiertos
En principio, el inmueble debía albergar un hotel, si bien la situación está bloqueada desde hace más de una década. Desde la administración local se asegura que durante este periodo de tiempo se han abierto tres expedientes de disciplina urbanística relacionados con el estado de conservación y la falta de mantenimiento. Los tres datan del año 2014 y en su conjunto suman sanciones económicas por valor de 400.000 euros.
Pese a ello, la empresa zaragozana Desarrollos Arbe ha hecho caso omiso a los requerimientos del Ayuntamiento a lo largo de la última década, por lo que una de las opciones que el consistorio tiene sobre la mesa es la de impular la expropiación, esto sí, siempre en caso de encontrar un inversor.