Siete personas –entre ellas una mujer que era funcionaria de la Subdelegación del Gobierno y un gestor– se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Tarragona acusadas de formar parte de un grupo organizado que se encargada de regularizar, de forma fraudulenta, la situación de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España.
La Fiscalía pide para los encausados una pena de prisión de tres años y nueve meses. El juicio está previsto que se celebre entre los días 18 y 21 de enero de 2027.
El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que uno de los acusados, F.R.F., al menos desde el año 2011, encabezaba un grupo de personas que llevaban a cabo, de manera organizada y sistemática, actos dirigidos a lograr la regularización fraudulenta de la situación en España de ciudadanos extranjeros a cambio de determinadas cantidades de dinero.
Para ello se servía de un despacho profesional situado en la Rambla Nova, donde realizaba funciones de asesoría en materia de extranjería.
Sin consentimiento
El procesado confeccionaba contratos de trabajo de servicio doméstico, en los que figuraban como empleadores diversas personas de nacionalidad española que eran ajenas a la trama y, por lo tanto, no habían otorgado su consentimiento. Y los ciudadanos extranjeros figuraban como empleados, «dando así apariencia de realidad a la relaciones laborales ficticias».
También confeccionaba y proporcionaba declaraciones de renta de los empleadores que no eran auténticas y demás documentación necesaria. Posteriormente, acompañaba a los ciudadanos extranjeros a la Subdelegación del Gobierno, donde solicitaba la concesión de la residencia por circunstancias excepcionales por arraigo laboral, dando inicio al correspondiente expediente administrativo.
El encausado se servía de una serie de colaboradores, entre ellos otros cinco procesados, además de otras personas que no han podido ser identificadas. Estos se encargaban de captar a los ciudadanos extranjeros, a quienes vendían los servicios prestados por F.R.F., acompañándoles hasta su despacho profesional, o en otras entregando a los supuestos trabajadores los contratos o demás documentación necesaria para regularizar su situación, así como otras labores de intermediación, por las que cobraban determinadas cantidades de dinero.
Los contratos tenían como empleadores a diversas personas ajenas a la trama
F.R.F. contaba también con la colaboración de su pareja, también encausada, trabajadora de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Ella, indica el Ministerio Público, se encargada de gestionar el beneficio económico proveniente de la actividad ilícita, realizando los correspondientes ingresos bancarios en cuentas de su titularidad así como realizando las transferencias en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores que figuraban en los contratos simulados. También gestionaba las altas y bajas en el régimen especial de la Seguridad Social de los empleados de hogar.
Entre mayo y noviembre de 2011 F.R.F. habría presentado a la Subdelegación del Gobierno un total de 38 expedientes administrativos para la obtención del permiso de residencia de ciudadanos extranjeros de forma fraudulenta.
El fiscal acusa a los siete procesados de un delito continuado de falsedad en documento oficial y pertenencia a grupo criminal. Por el primero de los delitos pide tres años de prisión y multa de 3.600 euros, y por el segundo, nueve meses de prisión.
