Los afectados por el cierre de la residencia ICASS de Reus, en el paseo Mata, no quieren tirar la toalla. Están en contra del cierre del edificio, «si más no, sin estudiar la posibilidad de una reforma o del traslado en bloque de residentes y personal en otro edificio de la misma ciudad». Y es por ello que estudiarán tomar medidas legales. Incluso hay familiares dispuestos a encerrarse en el interior del edificio.
Así lo explicaban, este martes, 5 de diciembre, representantes de CCOO, IAC-CATAC y UGT. Según avanzaron, prevén mantener reuniones con abogados, la próxima semana, para asesorarse y estudiar qué posibilidades hay. De momento, ya han hecho llegar el informe técnico de la Generalitat, donde se indica las problemáticas del edificio, a arquitectos para que hagan una valoración.
Lo que defienden los afectados es que las deficiencias que presenta el edificio sean reparadas manteniendo la actividad. Ponen de ejemplo la residencia pública Jaume I de L’Espluga de Francolí y la de la Mercè de Tarragona, donde se han llevado a cabo obras manteniendo la ocupación al 100%. Una opción que Generalitat ha descartado, pero que los afectados siguen defendiendo.
Según el Departament, el cierre del edificio se debe a tres motivos: legionelosis, incumplimiento de la normativa de incendios y riesgos estructurales del hormigón, con las armaduras de acero afectadas por la humedad exterior. Así pues, sería necesario sustituir toda la instalación de agua; habilitar unas escaleras complementarias y más ascensores; y actuar sobre la estructura del edificio. Unos trabajos que Generalitat ve inviable realizar con la residencia en funcionamiento. Así pues, la opción planteada es cerrar y reubicar los residentes entre la residencia Horts de Miró de Reus y la Mercè de Tarragona. Todavía quedaría pendiente un 10% de usuarios, que podrían escoger entre el resto de residencias para mayores.
Con todo, Generalitat ha subrayado, en este último mes y medio, que se «cierra el edificio, pero no la residencia», con el compromiso de reabrirla, ya sea rehabilitando el actual edificio o construyendo uno de nuevo en la ciudad. No obstante, familiares y empleados se muestran escépticos. «Ya veremos si algún día se vuelve a abrir una residencia de titularidad pública y de gestión pública», señalan en un comunicado conjunto los sindicados CCOO, IAC-CATAC y UGT.
También se muestran perplejos de que no se haya actuado sobre las deficiencias del edificio en los últimos años, teniendo en cuenta que «el informe lo único que hace es relatar las carencias de la residencia desde 2004 hasta la actualidad, carencias que no han sido atendidas», critican en el mismo escrito.
De momento, a fecha de hoy, todavía no se sabe dónde serán reubicados los usuarios y empleados ni cuál será la solución a futuro para la residencia. El compromiso de Generalitat es que dicha solución se defina antes de terminar el año y, posteriormente, se realizaría el traslado de los usuarios. En todo caso, trabajadores y familiares denuncian que «no hay negociaciones entre el Departament y la parte afectada», sino «una imposición».