La ciudad de Tarragona enfrenta un problema creciente que amenaza la sostenibilidad de su parque residencial. Los datos no son buenos: casi el 80% de los edificios que deberían haber pasado la Inspección Técnica de Edificios no lo han hecho, y entre los revisados, el 92,8% presentan deficiencias. La combinación de viviendas envejecidas, poco mantenimiento y escaso control institucional ha creado un entorno donde parece raro que no ocurran más sustos como el de septiembre pasado en la calle Unió, donde hubo que desalojar un edificio en estado amenazador. La situación refleja una preocupante dejadez ciudadana y, en menor medida, institucional, que no es privativa de Tarragona. Los ayuntamientos han fallado en imponer sanciones o proporcionar incentivos, confiando en que los propietarios cuidarán sus edificios por la cuenta que les trae. Los propietarios, en cambio, a menudo retrasan las revisiones por temor a enfrentarse a costosas reparaciones. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Un parque residencial en el que más del 59% de los edificios datan de antes de 1980 y el 33% carece de ascensor, plantea
un desafío monumental
un desafío monumental
El coste de la inspección en sí no debería ser un obstáculo significativo. El problema radica en las posibles inversiones requeridas tras una revisión desfavorable. Es un círculo vicioso: la falta de mantenimiento agrava los problemas estructurales, que luego resultan más caros de solucionar. Con un parque residencial en el que más del 59% de los edificios datan de antes de 1980 y un 33% no tiene ascensor, se trata de un desafío monumental. No solo es un problema de seguridad. También de eficiencia energética y de accesibilidad. Superar el reto requiere una estrategia coordinada que incluya a administraciones, comunidades de propietarios y técnicos. Los ayuntamientos pueden asumir un papel más activo, no solo mediante sanciones, sino también fomentando incentivos económicos y campañas informativas eficaces para implicar a las comunidades en el proceso de rehabilitación. Aplicar políticas que combinen accesibilidad y eficiencia energética no solo abordaría los problemas inmediatos, sino que prepararía las viviendas para retos futuros, como el cambio climático y el envejecimiento de la población. El miedo al coste debe contrarrestarse con la conciencia de los riesgos y beneficios a largo plazo. Propietarios, inquilinos y gestores deben comprender que invertir en rehabilitación no es solo un deber legal, sino una necesidad para garantizar el bienestar colectivo.
