En los últimos años, el emprendimiento basado en la innovación y el conocimiento ha ido ganando protagonismo y se ha convertido en una palanca relevante de crecimiento y prosperidad, al basarse en actividades de alto valor añadido que promueven la investigación, el desarrollo y la innovación.
En este contexto, el pasado mes de diciembre se aprobó el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, texto que es conocido como Ley de Startups y cuya tramitación parlamentaria tiene como propósito que se apruebe en torno a los meses de verano de este año.
El objetivo es fomentar la creación y relocalización de empresas calificadas como emergentes en España, así como la atracción de talento y capital internacional, a través de la generación de un marco normativo que se adapte a las características específicas de este tipo de entidades.
En este sentido, el Proyecto de Ley califica como empresas emergentes aquellas que cumplan, entre otros aspectos, que (i) sean de nueva creación o de un máximo de 5 años desde su constitución y de 7 años en supuestos específicos, (ii) que no hayan surgido de un proceso de fusión, escisión o transformación, (iii) que tengan su sede social en España, (iv) que dispongan de un porcentaje mínimo del 60% de la plantilla con contrato laboral en España (v) que tengan carácter innovador y (vi) que no sean cotizadas ni hayan distribuido dividendos.
En cuanto a las novedades que introduce el Proyecto de Ley, si bien abarcan diferentes áreas, las principales se centran en el ámbito tributario y su aplicación se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados requisitos, tales como que estas entidades no superen un volumen anual de negocios de 5 millones de euros.
En este sentido, a efectos de la propia entidad calificada como emergente, destaca la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades hasta el 15% durante un máximo de 4 años y la eliminación temporal de la obligación de realizar pagos fraccionados a efectos del citado Impuesto.
Por otro lado, se establecen incentivos a efectos de los inversores en relación con el IRPF, aumentando la deducción por inversión en empresa de nueva o reciente creación y regulando la calificación fiscal de la retribución obtenida por la gestión exitosa de entidades de capital-riesgo (’carried interest’) como rendimiento del trabajo pero con derecho a una reducción del 50%.
Asimismo, se incorporan incentivos para los trabajadores de empresas emergentes a través del incremento de la exención en IRPF por stock options y se facilita el acceso al régimen fiscal especial de impatriados aplicable a las personas trabajadoras desplazadas a territorio español.
En definitiva, las novedades que se introducen a la espera del texto definitivo tras el trámite parlamentario, constituyen un buen conjunto de medidas al objeto de fortalecer nuestro ecosistema emprendedor-inversor, lo que debería redundar positivamente en la estructura de creación de riqueza de nuestro país.
Rubén Castillo Merino, socio de Deloitte Legal.
