La Comisión Europea (CE) puede avalar la interconexión de redes de agua de Tarragona y Barcelona, a pesar de que cause un «deterioro» del Ebre, siempre que haya motivos de «interés público superior», entre los cuales estaría llevar agua potable a Barcelona.
Fuentes comunitarias apuntan que los «grandes trasvases» pueden «poner en peligro» los objetivos de las directivas de Hábitats y de Aguas y reclaman una «exhaustiva evaluación» del impacto de «cualquier cambio hidromorfológico y químico».
No obstante, la norma sobre Aguas prevé la excepción de que se pueda proceder con la interconexión aunque «deteriore» el Ebre si existe un «interés general superior» relacionado con la salud humana o la seguridad pública.
Fuentes comunitarias subrayan que las autoridades nacionales son las encargadas de autorizar o no los proyectos y que, en el caso de la interconexión de las redes de agua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) y Aigües Ter-Llobregat (ATL) planteada a raíz del episodio de sequía, se debería realizar una evaluación del impacto medioambiental para determinar cuál es su efecto sobre el Ebro y los ecosistemas que nutre, incluido el delta, que forma parte de la red de espacios protegidos Natura 2000.
«Si hay un riesgo, se deben adoptar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE», remarcan fuentes comunitarias.
Excepción por «interés general superior»
Aunque la evaluación exigida por Bruselas concluya que el proyecto tiene un impacto medioambiental negativo, la directiva marco sobre Aguas prevé que las iniciativas puedan proceder si las autoridades nacionales justifican que hay un «interés general superior».
La norma comunitaria también prevé que puedan recibir luz verde en caso de que los «beneficios obtenidos a través de estas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no se pueden conseguir por otros medios por motivos de viabilidad técnica o de costos desproporcionados».
En el caso de la directiva de Hábitats, la norma comunitaria establece que las autoridades nacionales competentes solo puedan aceptar el plan o proyecto «después de haber comprobado que no afecta negativamente la integridad» de los espacios protegidos que forman parte de la red Natura 2000.
El impacto medioambiental se debe hacer, dice Bruselas, tanto si el proyecto se hace en el mismo espacio protegido como si lo puede afectar, por lo que se deberían evaluar las consecuencias que la interconexión pueda tener sobre el Ebro.
No obstante, la norma comunitaria sobre la conservación de hábitats naturales también prevé, al igual que la de Aguas, que los planes puedan proceder aunque haya una conclusión negativa de la evaluación. Eso sí, Bruselas solo prevé esta excepción siempre que no haya otra alternativa y si es por «razones imperiosas de interés público de primer orden», entre las que se incluyen razones sociales o económicas.
En este caso, los estados deben presentar a la Comisión Europea un plan de medidas compensatorias para «garantizar que la coherencia global de Natura 2000 queda protegida». No se aplica, sin embargo, cuando en la zona hay «un tipo de hábitat natural prioritario y/o una especie prioritaria». Únicamente, se podría intervenir por razones de «seguridad pública» o de «salud».
