El Govern podría enfrentarse a compensaciones de hasta 50 millones de euros si el proyecto del macrocomplejo Hard Rock no se lleva a cabo. Así lo señala un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat, que ha obtenido El País, que analiza los riesgos legales en caso de que los inversores exijan indemnizaciones por la paralización del plan.
El documento, elaborado durante el final de la legislatura de Pere Aragonès, detalla que los costes por responsabilidad patrimonial podrían oscilar entre los 37,4 y los 50 millones de euros. La posibilidad de estas indemnizaciones está condicionada por la falta de aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) o la retirada de la autorización para operar el casino, último paso administrativo pendiente. Según el informe, estas reclamaciones podrían incluir compensaciones por “daño emergente” (gastos ya realizados) y, en menor medida, por “lucro cesante” (beneficios no obtenidos).
Escenarios de reclamaciones y costos asociados
El informe calcula que los gastos relacionados con el “daño emergente” podrían alcanzar los 21 millones de euros, derivados de inversiones realizadas con vistas a la explotación del casino. Asimismo, identifica un posible coste adicional de entre 8 y 18 millones por lucro cesante, aunque lo considera menos probable. Además, estima que los costos judiciales asociados podrían oscilar entre 7,8 y 10,4 millones de euros.
El grupo inversor Hard Rock obtuvo en 2018 una licencia tras presentar un aval de 10 millones de euros y depositar otros 2,5 millones en concepto de reserva de suelo. Según el informe, aunque Hard Rock aún no ha adquirido los terrenos, sí ha destinado recursos significativos al proyecto, lo que podría justificar una eventual compensación.
Salvador Illa, en una posición complicada
El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien anteriormente apoyó el proyecto, enfrenta ahora presiones de sus socios parlamentarios, los Comuns y ERC, ambos opuestos al macrocomplejo. Esta situación obliga al Govern a adoptar una posición ambigua: cumplir con los compromisos políticos sin abrir la puerta a posibles litigios con los inversores.
En diciembre, el Govern aprobó un incremento de los impuestos al juego en casinos del 10% al 55%, lo que, según fuentes parlamentarias, hace inviable el proyecto a nivel fiscal. Aunque el PSC respaldó esta medida, Illa explicó personalmente el cambio a los inversores, asegurando que no podía hacer excepciones fiscales. Paralelamente, el Ejecutivo mantiene que la continuidad del proyecto depende de los propios inversores.
Obstáculos pendientes y el futuro del proyecto
El desarrollo del macrocomplejo depende de la aprobación del PDU, actualmente bajo revisión del Departamento de Territorio. Este plan debe corregir aspectos señalados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en 2020 rechazó una propuesta inicial por incluir terrenos en zonas de riesgo químico. Mientras tanto, la negociación sobre los terrenos continúa. Criteria Caixa, propietaria de los mismos, habría aumentado el precio de venta a 128 millones de euros, tras un acuerdo previo que los valoraba en 120 millones.
Según el informe jurídico, la Generalitat no asumiría responsabilidades en la compraventa, ya que el proceso no requiere la intermediación del Institut Català del Sòl (Incasòl), que inicialmente se planteó como intermediario.
Un proyecto controvertido
El macrocasino ha sido un punto de conflicto en los últimos gobiernos catalanes. Durante el mandato de Pere Aragonès, la falta de consenso con los Comuns sobre este proyecto impidió la aprobación de los presupuestos, desencadenando elecciones anticipadas. Ahora, bajo el liderazgo de Illa, el Hard Rock sigue siendo un tema divisivo que complica la estabilidad política y financiera del Govern.
