50 millones de euros. Ese es el coste en indemnizaciones que podría tener que asumir la Generalitat en caso de que no tire adelante el proyecto de Hard Rock en la Costa Daurada. La cifra la arroja un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat, encargado por el anterior Govern, y se refiere al coste de la responsabilidad patrimonial en caso de que el inversor reclame compensaciones si no puede levantar su macrocomplejo proyectado al lado de PortAventura.
Cabe recordar que la multinacional norteamericana ganó en 2018 el concurso público para obtener una licencia con la que operar un casino, además de hoteles, zona de compras y espacios de ocio en los terrenos del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou. Sin embargo, la Generalitat todavía no ha aprobado el Plan Director Urbanístico (PDU), el último trámite para poder empezar a construir. En caso de no aprobar este documento clave o de retirarle la autorización, la Generalitat podría tener que asumir una indemnización millonaria, tal y como ya alertó en su día el president Aragonès, aunque sin aportar cifras.
De acuerdo con el informe jurídico, que hizo público ayer el diario El País, se calculan unos gastos relacionados con el «daño emergente» que podrían alcanzar los 21 millones de euros, derivados de inversiones realizadas con vistas a la explotación del casino. Asimismo, identifica un posible coste adicional de entre 8 y 18 millones por lucro cesante, aunque lo considera menos probable. Además, estima que los costos judiciales asociados podrían oscilar entre 7,8 y 10,4 millones de euros.
Recientemente, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ya hacía referencia a las posibles reclamaciones que podría conllevar no seguir adelante con el proyecto: «Me preocupa que no tengamos la inversión y que, por otra parte, la Generalitat tenga que aflojar decenas de millones de euros en indemnización. El Camp de Tarragona habremos sido moneda de cambio, no tendremos la inversión y la Generalitat tendrá que pagar muchos millones que se podrían haber destinado al territorio», lamentaba.
Segura recordaba que «ellos fueron a un concurso con unas condiciones y una fiscalidad aprobada por partidos que ahora la revierten». «Rehuímos de ser un país serio donde haya seguridad jurídica y una estabilidad en la fiscalidad, a ser un país donde, por intereses políticos, cambiamos las normas del juego a media partida», criticaba, al tiempo que consideraba que estas maniobras ponen en riesgo otras inversiones en el territorio.
«Es una situación compleja», admitía por su parte Pere Granados, alcalde de Salou, que alertaba de las posibles responsabilidades que podrían tener que asumir los miembros del Govern en caso de que Hard Rock pida compensaciones. «Si la Generalitat tuviera que indemnizar en alguna cuantía, cualquier persona o grupo podría pedir que esta indemnización se trasladase a las personas que han tomado esa decisión», expresó.
El sector turístico, crítico
El sector turístico de la Costa Daurada tampoco tardó en responder ante las posibles indemnizaciones millonarias. Por un lado, el portavoz de la Federació Empresarial d’Hostaleria de la provincia de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, aseguró que es una «vergüenza de país y realmente preocupante» que un proyecto de la magnitud que tendría Hard Rock esté prácticamente en el mismo sitio que hace 12 años.
Guardià insistió que ante una inversión «única» como podría ser este macroproyecto turístico, hay que ponerse a trabajar desde el primer día o bien, dejarlo estar, pero no puede haber un proyecto parado durante más de una década.
En clave política, el portavoz de la patronal turística aseguró que el president Salvador Illa se comprometió con el sector turístico de la Costa Daurada en una visita al territorio antes de las elecciones del pasado mes de mayo que «Hard Rock tiraría adelante, ya que el complejo hotelero y su proyecto turístico era un proyecto de Catalunya».
Asimismo, Guardià dijo que, tal y como se ha gestionado este proyecto, podría «poner en riesgo» la seriedad de Catalunya como territorio donde invertir. «No tiene defensa alguna. No hay ninguna voz ni agente estratégico del territorio que esté en contra de este proyecto», aseguró.
Como ya han defendido desde la FEHT en diferentes ocasiones, Guardià recordó que la llegada de Hard Rock representaría un impulso económico muy importante, con la creación de puestos de trabajo de calidad, de alta responsabilidad y con la posibilidad de atraer al territorio el mercado asiático y el americano gracias a su oferta complementaria de restauración, shopping y cultural de primer nivel.
Por otro lado, Francesc Pintado, presidente de las Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AHET) siguió la línea de su homólogo del sector asegurando que la mala gestión de proyectos como en el caso de Hard Rock daña el crecimiento económico y el futuro de la provincia de Tarragona. Pintado aseguró que esta gestión es el reflejo de la política en Catalunya de los últimos 15 años; «sin hoja de ruta ni ambición y que es una carta con la que todos los partidos políticos juegan».
Pintado concluyó asegurando que gestiones como ésta «alejan a Catalunya de ser un territorio interesante donde invertir».