El reciente acuerdo entre el PSC, ERC y los comunes para eliminar las ventajas fiscales vinculadas al proyecto Hard Rock ha generado un profundo malestar en los municipios de Salou y Vila-seca, que esperaban albergar este macrocomplejo en el Camp de Tarragona. Según informa el ARA, la modificación incluye un aumento del impuesto sobre el juego del 10% al 55%, revocando una reducción aprobada en 2014 con el objetivo de atraer inversiones internacionales.
El alcalde de Vila-seca, Pere Segura (Junts), expresó su preocupación ante el cambio de las condiciones, al considerar que altera las “reglas del juego” y afecta la seguridad jurídica de Catalunya, un aspecto clave para los inversores. Por su parte, el alcalde de Salou, Pere Granados (PSC), teme que esta decisión pueda derivar en indemnizaciones a los inversores, aunque señala que el proyecto no ha sido descartado por ellos. Ambos líderes locales lamentan que las prioridades del territorio se estén utilizando como “moneda de cambio” en la política catalana, tal como recoge el ARA.
Desde el Govern, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, aseguró que esta reforma fiscal no debería comprometer el desarrollo del proyecto, aunque reconoció que la decisión última dependerá de los inversores. Romero destacó la capacidad del Hard Rock para desestacionalizar el turismo en la zona y diversificar la oferta económica, complementando la actividad de PortAventura.
