El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, pidió ayer a los poderes públicos negociar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes que se encuentran en situación irregular en España. García Magán hizo un llamamiento al entendimiento «entre los dos grandes partidos» para aprobar el proyecto de ley, que recogió más de 600.000 firmas.
«Las demandas sociales deben ser escuchadas» apuntó el portavoz de los obispos, que recalcó que se trata de personas que «están contribuyendo al bien común», asumiendo tareas que los españoles no realizan, como es el cuidado de las personas mayores o vulnerables.
«Son personas que se ven en situación de vulnerabilidad en cuanto a derechos laborales. Nuestra legislación actual todavía hace casi imposible el reagrupamiento familiar y ponen unas condiciones que, en la práctica son casi imposibles de cumplir. ¿Puede haber excepciones en esos grupos que nos llegan procedentes de otros países y no contribuyan al bien común? Por supuesto, pero lo normal es gente que ayuda» manifestó.
El portavoz de los obispos reiteró que los poderes públicos deben escuchar las demandas de la población: «un grado de madurez democrática en una sociedad no es solo que vayamos a votar cada cuatro años, sino que haya un proceso de escucha por parte de los poderes públicos de las demandas sociales, y más cuando éstas son justas» manifestó el portavoz de la Conferencia Episcopal.
«Se trata de personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, que no disponen de algunos derechos y esto hace que estén en una situación de fragilidad».
El secretario General de la Conferencia Episcopal se refirió «especialmente» a la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes. «A lo mejor los españoles no podemos o no queremos cuidar a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, pero ellos están realizando esa labor y por eso se ven en una situación de vulnerabilidad en cuanto a derechos laborales. Nuestra legislación todavía hace casi imposible el reagrupamiento familiar y pone unas condiciones que a la práctica son casi imposibles de cumplir» recalcó.
El obispo recordó que España «fue un país de emigrantes y de emigración», cuando en los años cincuenta y sesenta había españoles en «Suiza, Francia o Alemania, trabajando para conseguir un mejor bienestar a su familia». «Igual que en aquella época, ahora tenemos muchísima gente honrada con ganas de trabajar para conseguir el bienestar de su familia», apuntó en su intervención.
