El comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia anunció ayer en rueda de prensa siete nuevas jornadas de paro para aumentar la presión hacia el Ministerio de Justicia, al que reclama una oferta de aumento salarial, y ha pedido formalmente la dimisión de la ministra, Pilar Llop.
Desde este miércoles quedan suspendidos los paros diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde que los funcionarios mantienen desde el 17 de abril y, en su lugar, se realizarán huelgas de jornada completa los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, así como una concentración el jueves de la próxima semana frente al Ministerio.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT trasladarán en los próximos días una «petición formal» de cese de Pilar Llop al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la pondrán en conocimiento de los grupos parlamentarios, según explicó el responsable de Justicia de CCOO, Luis Calero, quien ha acusado al Ministerio de «inutilidad manifiesta», y a la ministra, de ser «un cero a la izquierda en el Gobierno».
«No puede ser que todos los colectivos estemos en un error y la ministra lleve razón. Es casi seguro que será al revés», añadió Calero, tras mencionar los frentes abiertos del Ministerio: funcionarios de los juzgados y tribunales, abogados, y jueces y fiscales, quienes han amenazado en las últimas horas con iniciar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.
También cargó contra su equipo, «personas que no tienen capacidad de negociación», y especialmente contra el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, a quien también calificó de «persona incendiaria».
Los sindicatos piden que se reconozcan, legal y retributivamente, las «funciones reales» de los trabajadores de juzgados y tribunales, una reivindicación que se remonta a «hace más de veinte años», pero que ha «resurgido» tras el acuerdo del Gobierno con los letrados.
«La tramitación de los procedimientos judiciales está en manos de estos funcionarios, por mucho que la ley establezca que quien tramita es el cuerpo de letrados de la administración de Justicia», ha afirmado Fernández (STAJ).
Por ello, reclaman una subida de sueldo de entre 350 y 400 -dependiendo de la categoría profesional- para los cuerpos generales y especiales, un total de 45.000 funcionarios que representan el 93 % de la plantilla de la administración de Justicia.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo ayer que esta legislatura se ha hecho «un esfuerzo retributivo muy importante con la administración de Justicia» y, tras la amenaza de huelga de jueces y fiscales, Rodríguez apeló a su responsabilidad como servidores públicos.
«Somos respetuosos con todas las demandas, pero creo que también todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos para que exista un buen funcionamiento de la administración de Justicia y una buena atención a la ciudadanía», manifestó la ministra portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
