Luis de Marcos, de 50 años, enfermo de esclerosis múltiple, no podía hacer un gesto tan elemental como rascarse. Se sentía atrapado en un cuerpo que no le obedecía. Era como vivir dentro de un traje de neopreno lleno de cristales que le provocaban dolores insoportables. La administración de morfina era un paso adelante hacia «el hoyo», como él decía. Murió en agosto de 2017, después de apelar a los políticos para que aprobaran una ley que le ayudara a morir.
No vio cumplida su reivindicación, como tampoco consiguió su sueño de viajar al norte, al país de los géiseres, termas y volcanes. El director de cine César Vallejo de Castro rodó un cortometraje sobre su sufrimiento, El viaje a Islandia, que hace unos días se exhibió con motivo de la aprobación hace un año de la norma. El documental dio pie a que se celebrara un debate presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el que participaron profesionales sanitarios y el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín. El 25 de junio de 2021 se aprobó la ley de la eutanasia, un derecho al que se han acogido en su corta andadura 180 personas, lo que ha dado lugar a que se donen 22 órganos y se realicen 68 trasplantes. «La ley de eutanasia nos dignifica como seres humanos y contribuye a construir una sociedad más humana, justa y decente», aseguró Darias.
Hay comunidades autónomas que caminan a mayor velocidad que otras. La organización DMD denunció que territorios como Madrid y Andalucía son los que con mayor lentitud la aplican. No se trata tanto de la existencia de un sesgo ideológico, porque otras comunidades gobernadas por el PP, como Murcia, han sido más diligentes. Según Marín, pese a la aprobación de la norma, ha habido españoles que se han tenido que ir a Suiza para que se les aplicara la eutanasia o pedir un favor a un sanitario para que les procurase a escondidas una sustancia que les facilitara la muerte. «La petición de eutanasia puede ser vista como un marrón para los médicos, porque no han recibido formación y tienen que tramitar la solicitud en sus horas libres», explicó. «Gracias a la entrada en vigor de esta ley, el sistema nacional de Salud es más inclusivo y universal ya que ha incluido este derecho como una prestación más de la cartera de servicios. Se trata de la culminación de un proceso colectivo, de una reivindicación de mucho tiempo atrás que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado respuesta», dijo la ministra.
Catalunya es uno de los territorios más adelantados, con 60 casos, mientras Madrid (19) y Andalucía (11) son las que figuran a la cola en relación con su población. Estas dos regiones acometieron con retraso los comités de garantías y evaluación y no han apoyado la formación del personal sanitario, según DMD.